“Es necesario un gran acuerdo nacional para garantizar elecciones limpias, justas y transparentes en 2025", expresó el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, en declaraciones a medios internacionales.
Vargas explicó que una de las medidas es la presentación de “un proyecto de ley que pueda blindar y respaldar el principio de preclusión”, ya que “es el que brinda seguridad jurídica a electores y candidatos”.
Ese es un aspecto que se pondrá “en agenda” en los primeros meses de 2025, indicó.
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Los comicios judiciales, que debían celebrarse en 2023, estuvieron afectados por los constantes recursos judiciales que presentaron los candidatos que quedaron fuera de la selección del Parlamento y que denunciaron supuestas vulneraciones a sus derechos.
La convocatoria lanzada a principios de febrero de este año no estuvo exenta de esos problemas, ya que nuevamente las acciones judiciales trabaron el proceso electoral tanto en la fase de selección en el Parlamento, como cuando las listas finales llegaron al órgano electoral.
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Finalmente, un fallo del Tribunal Constitucional determinó que los comicios judiciales se realicen de forma parcial, pese a la objeción del TSE que consideró que las elecciones debían hacerse de forma “total” y con respeto al principio de preclusión.
Vargas dijo que Bolivia “ha sido un país muy polarizado en los últimos años” por lo que ve necesario “blindar el sistema democrático” y contar con el respaldo de los actores políticos “en especial de los candidatos y candidatas”.
El calendario electoral tentativo para las elecciones presidenciales establece que la inscripción de partidos y alianzas hasta febrero, la convocatoria para abril, la jornada electoral a mediados de agosto y la realización de una posible segunda vuelta en octubre.
Fuente: EFE.
