Las enfermeras y los enfermeros de APE de todo el país alzarán la voz para denunciar la falta de insumos, medicamentos, la situación de alimentación inadecuada en hospitales y para exigir condiciones dignas de atención médica en los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP).
También, reclaman el acceso oportuno a las consultas médicas con especialistas, la reducción del tiempo de espera para los estudios de imágenes –actualmente es de casi tres meses–, y se posicionan en total rechazo a las tercerizaciones, tanto en Salud Pública como en el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, rechazan el uso de fondos públicos en eventos y no en los servicios sanitarios.
La gran marea blanca tomará las calles y protestará contra el deficiente servicio de Salud Pública. La situación de las falencias es la denuncia constante de los pacientes y de los gremios.
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“Es momento de decir basta porque la salud es un derecho y debe ser garantizado para todas y todos”, dice el comunicado de APE que convoca también a la ciudadanía a sumarse a la gran protesta.
La concentración será a las 07:00, frente al Ministerio de Salud, ubicado sobre Pettirossi casi Brasil; luego marcharán hasta la Caja Central, ubicada en Constitución.
Posteriormente, llegarán hasta el Congreso Nacional para entregar una carta al presidente de la República con un relevamiento de la situación y una propuesta de solución a las carencias.
Mirna Gallardo, representante de APE, dijo que la gran convocatoria de enfermeras busca visibilizar no solo las reivindicaciones laborales, sino principalmente el estado actual del sistema de salud.
“Estamos elevando nuestra voz, exigiendo lo que nuestros usuarios, nuestros pacientes necesitan”.
Rechazan tercerizaciones en IPS
El gremio también rechaza la adjudicación de la licitación pública para la contratación de servicios de evaluación y clasificación instantánea de pacientes en el IPS-Área Central, que incluye cabinas inteligentes, impulsada por el IPS. APE considera esta licitación como un despilfarro de recursos.
“Reafirmamos nuestro rechazo categórico a la tercerización de los servicios de imagenología y manifestamos nuestro repudio a la adquisición de las llamadas cabinas inteligentes, por constituir un uso ineficiente de los recursos públicos”, dice otra parte del comunicado institucional.
Desde el gremio, denuncian que el control de signos vitales a través de estas cabinas cuesta al IPS G. 65.000, mientras que el mismo procedimiento realizado por una enfermera profesional representa un costo de solo G. 5.300. “Esta diferencia evidencia un gasto injustificado y perjudicial para el sistema de salud”.
