La información sobre un nuevo endeudamiento para pagar deudas que mantiene el sector público con proveedores locales, sin una auditoría, pone en entredicho la legitimidad y cuestiona firmemente el objetivo de generar los cambios prometidos. El nuevo gobierno durante la campaña electoral había prometido reformas estructurales para combatir la corrupción y mejorar la calidad del gasto, pero no ha presentado un plan que permita conocer cuáles son las líneas de acción que desarrollará independientemente del problema anterior. Las promesas de eficiencia no se cumplirán unificando ministerios u oficinas públicas, ya que en la mayoría de los casos su principal componente que son los recursos humanos quedarán intactos, tal como las propias autoridades han señalado para tranquilizar el nerviosismo generado en los funcionarios públicos.
Al contrario de dar señales de medidas de eficiencia, el gobierno inició enviando un proyecto de presupuesto con salarios públicos más altos y sin ninguna medida que llame la atención por su capacidad para reducir costos o mejorar el desempeño del presupuesto.
Una señal fundamental hubiera sido poner en cuestionamiento todo el sistema de adquisiciones públicas desde la justificación de las compras y obras con argumentos basados en cálculos de eficiencia y evaluaciones de impacto hasta llegar incluso a la verificación de los términos de los contratos. Cotidianamente se observan llamados a licitación de bienes y servicios de dudosa necesidad y en muchos casos, con evidencia de sobrecostos o la existencia de otras opciones de mayor efectividad. Las autoridades institucionales de turno tratan de justificar lo injustificable y cuando la reacción en contra es fuerte terminan retrocediendo.
Cada vez son más frecuentes las renegociaciones de contratos o la ejecución de los mismos de forma irregular, como el pago a proveedores sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas en tiempo y forma.
Esta evolución de los hechos da cuenta de la debilidad de todo el proceso y los riesgos de corrupción y malos manejos administrativos. Desde el inicio de los procesos de compra se observan problemas graves que terminan generando adquisiciones públicas caras, ineficientes, con sobrecostos y con pésima calidad, efectos e impactos que presionan el constante endeudamiento público.
El objetivo de las finanzas públicas es asignar los recursos disponibles para generar bienes públicos y semipúblicos y solucionar las fallas de mercado está muy lejos de ser cumplido, más lejos aún está el de garantizar los derechos establecidos constitucionalmente.
El persistente aumento del endeudamiento solo está beneficiando a un minúsculo conjunto de proveedores y consolidando grupos económicos rentistas que dejan atrás a la mayor parte de la población que siente el deterioro de sus condiciones de vida, situación que tenderá a agravarse a medida que aumente la deuda, así como las devoluciones del capital y derivados de los compromisos pendientes de años anteriores. El objetivo de sostenibilidad de la deuda tiene un largo historial de costos altísimos para la población en todos los países del mundo.
Las sucesivas crisis regionales y globales de los últimos 50 años dan cuenta de los terribles efectos negativos del endeudamiento cuando los países, para pagar los compromisos terminan sacrificando a la población, que tampoco se benefició de las obras financiadas con la deuda.
Sin reformas estructurales, el escenario que enfrentamos es sumamente complejo y puede hacernos retroceder en los avances logrados en los últimos 20 años.
