El actual proyecto de Presupuesto prevé casi 500 millones de dólares de endeudamiento en bonos, a la vez que limita recursos en áreas estratégicas para el país como la salud y la educación. Este resultado negativo es grave por dos razones.
El proyecto de Presupuesto 2023 será la noticia más relevante en las próximas semanas, y será también objeto de debate debido a las particularidades de la propuesta del Ejecutivo y por los cambios que se intentarán realizar en el Congreso. La propuesta oficial genera preocupación por la persistencia de la deuda, que no solo presiona por mayor endeudamiento sino por las restricciones que conlleva a costa del bienestar de las personas, de la sostenibilidad del crecimiento y de las oportunidades para el desarrollo a largo plazo.
En primer lugar porque gran parte del endeudamiento en bonos se destinará al pago de obligaciones contraídas con anterioridad, con altos costos en intereses y traslado de compromisos al futuro. El Presupuesto sigue apelando a soluciones parciales y fáciles sin analizar y proponer respuestas estructurales para el financiamiento de las políticas públicas.
En segundo lugar, la propuesta muestra restricciones a la formación de capital humano justo en el momento en que hay que aprovechar la ventana de oportunidad que genera el bono demográfico. La población menor a 30 años será la que terminará pagando la deuda y es la que estamos sacrificando al no garantizar políticas de salud, protección social, educación y empleo decente para ese grupo etario.
Si se compara la ejecución presupuestaria 2021, muchos ministerios claves presentan presupuestos similares o menores, cuando lo que se requiere es que aumenten dadas las bajas coberturas actuales. Más de 100.000 niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo. Los que están en las escuelas no cuentan con infraestructura adecuada o tecnologías de información. La cobertura del Programa de Alimentación Escolar es baja y solo para alrededor de la mitad del año lectivo.
En materia de salud, un tercio de las personas que se enferman o accidentan ni siquiera consultan porque los establecimientos sanitarios están desabastecidos de medicamentos e insumos y los recursos familiares no alcanzan para pagar los mismos del bolsillo.
Millones de trabajadores se encuentran desprovistos de seguridad social debido a la evasión, incluso de las empresas proveedoras al Estado. Ni siquiera estas son fiscalizadas debidamente, en parte debido a la debilidad de las oficinas responsables de garantizar el cumplimiento de la ley.
En un contexto de reducción de inversiones imprescindibles y del llamado “bicicleteo” de la deuda, la propuesta de Presupuesto mantiene elevado el nivel de gasto tributario, es decir, deducciones y exoneraciones tributarias, sin evaluar su pertinencia a pesar de las recomendaciones técnicas realizadas por diversos organismos internacionales.
El monto del gasto tributario previsto para 2023 es equivalente a 40 veces el del Ministerio de Industria y Comercio o el del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, dos entidades fundamentales para el apoyo a las mipymes y a la infancia respectivamente. ¿Cuál sería el argumento a favor de mantener un gasto tributario del que no se conocen sus impactos con las consecuentes limitaciones al espacio fiscal, obligando a más endeudamiento y restringiendo recursos estratégicos para el desarrollo?
El Ministerio de Hacienda y el Congreso Nacional deben aprovechar la oportunidad del debate presupuestario para analizar y acordar una agenda urgente para la transformación de la política fiscal de manera que esta se convierta en un instrumento efectivo para el desarrollo.
