REUTERS, EFE y AFP
MADRID - ESPAÑA
Desde la entrada en vigor de la nueva regulación, el 1 de septiembre, entre 153.000 y 160.000 inmigrantes sin papeles tienen que pagar por la asistencia sanitaria en varias comunidades autónomas, siendo gratuita en todo el territorio nacional bajo los siguientes supuestos: asistencia al embarazo, parto y posparto, la atención a menores de edad, urgencia por enfermedad grave o accidente hasta la situación de alta médica, y seguimiento de enfermedades crónicas y/o transmisibles si el paciente ya estaba recibiendo tratamiento.
Una treintena de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos, agrupadas en la Red por el Derecho a tener Derechos, convocaron esta concentración frente al hospital madrileño Gregorio Marañón.
“APARTHEID SANITARIO”. Los asistentes, muchos de ellos extranjeros que residen en España, corearon proclamas como “ningún ser humano es ilegal” o “Partido Popular, Ku Klux Klan”, al tiempo que pidieron la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
También portaron pancartas en las que se podía leer “No a las medidas discriminatorias y racistas” o “Recortes en Sanidad = muerte”.
A la protesta se sumaron políticos de la oposición al Partido Popular, como la secretaria ejecutiva de Cooperación e Inmigración del opositor Partido Socialista, Marisol Pérez, quien demandó al Ejecutivo que “rectifique” y ponga fin a este “apartheid sanitario”, que tachó de “cruel, inhumano e ineficaz”.
Los extranjeros sin papeles solo tendrán asistencia sanitaria de urgencia por accidente o enfermedad grave y en el embarazo, parto y postparto, a excepción de los menores de 18 años, que recibirán los mismos servicios que el resto de los españoles.
Desde Médicos del Mundo, un portavoz, Mario Pérez, exigió hoy al Ejecutivo la derogación del decreto porque, señaló, vulnera el derecho a la salud y colapsará las urgencias ahora que los inmigrantes irregulares no tienen otro lugar al que acudir, generando “gasto en lugar de ahorro”.
FINANCIAMIENTO. A pesar de que a partir de ayer los inmigrantes sin permiso de residencia tendrán que abonar sus consultas, como ocurre en la mayoría de países de la Unión Europea, la portavoz del Gobierno reconoció que aún “se tienen que buscar los mecanismos para el reintegro y el reembolso de esos gastos”.
Los pagos podrían realizarse bien a través de convenios bilaterales con los países de origen de los beneficiarios, que sean ellos quienes lo paguen o que el proceso corra a cargo de fondos sociales. En este caso, “las comunidades autónomas pueden definir en sus ámbitos de competencias cómo se va a dar esa atención y a sufragar”, apuntó Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del gobierno.
También los españoles deben pagar íntegramente el precio de hasta 417 fármacos menores -antes incluidos en el catálogo de medicamentos subvencionados por el Estado- con lo que el Gobierno espera ahorrar hasta 450 millones de euros. El objetivo de España es reducir su déficit público del 8,9 por ciento del PIB en 2011 al 2,8 por ciento en 2014, para lo cual no podrá superar el 6,3 por ciento en 2012 y el 4,5 por ciento en 2013.