Mediante el Decreto 3950, con fecha del viernes 30 de mayo, el Poder Ejecutivo oficializó la autorización para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inicie las gestiones para acceder a un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), lo que marca un nuevo paso en el endeudamiento externo del país.
Según el documento, el tipo de préstamo que se busca es un “Apoyo a Políticas de Desarrollo” (DPL, por sus siglas en inglés), una línea de financiamiento que desembolsa fondos directamente al Tesoro Nacional una vez que el país cumple con ciertos compromisos de reforma en políticas públicas.
Aunque el DPL todavía no fue aprobado y este decreto solo permite empezar con los trámites, esta decisión marca un nuevo paso en la forma en que el Gobierno maneja sus finanzas. A pesar de que insiste en cuidar el equilibrio entre ingresos y gastos, sigue recurriendo a préstamos del exterior para poder cubrir el presupuesto.
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Ante los cuestionamientos por el aumento de la deuda pública, el titular del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, defendió en más de una ocasión la posibilidad de recurrir a más financiamiento externo señalando que el endeudamiento “sigue siendo manejable” y que cualquier decisión se tomará “respetando” la Ley de Responsabilidad Fiscal, que prevé retornar a un déficit fiscal de 1,9% para este 2025 y 1,5% para el 2026.
En abril pasado, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, había confirmado que el Banco Mundial habilitó una línea de financiamiento de USD 1.000 millones para el sector público, sumándose al mismo monto que fue previamente anunciado para el sector privado.
Sin embargo, Fernández alegó que el uso de dichos recursos estará condicionado por el espacio fiscal disponible en el PGN 2025 y los compromisos asumidos por Paraguay en el ámbito fiscal.
Si bien el nivel de deuda pública de Paraguay sigue siendo relativamente bajo en comparación con otros países de la región, diversos sectores advierten que el ritmo de la deuda se aceleró en los últimos años. La deuda pública consolidada supera el 40% del PIB, según datos oficiales de la cartera económica.