Los jueces Matías Garcete, Elsa García y Adriana Planás escucharon esta mañana los testimonios en la audiencia.
Juana Sosa de Servín explicó que ella es una de las que fueron engañadas por la firma Mocipar.
Dijo que confió en las promesas de la empresa para acceder primero a un departamento, luego electrodomésticos y finalmente a un vehículo.
Remarcó que pagó 57 cuotas hasta el 2019, pero no obtuvo nada. Es más, el 7 de enero del 2020 fue a ver y halló que la empresa se había declarado en quiebra.
Sostuvo que en varias ocasiones le exigieron sumas adicionales para avanzar en los trámites, primero G. 5 millones y luego G. 8 millones, para la supuesta entrega de un automóvil que nunca recibió.
Dijo: “Nadie nos avisó“, sobre la quiebra. Luego, junto con un grupo de víctimas decidieron hacer una denuncia.
Indicó que las víctimas fueron engañadas mediante un esquema cuidadosamente preparado para captar clientes y mantenerlos realizando pagos durante años.
También declararon otras personas, entre ellas Ever Soilán, que también relató que ingresó inicialmente a un plan denominado Casa Fácil y pagó las 60 cuotas exigidas.
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Sin embargo, según el testigo, al concluir el contrato, la empresa le ofrecía trasladar sus aportes a un nuevo plan mediante un mecanismo denominado “reconocimiento”, por el cual debía firmar nuevos contratos para que se le reconociera el dinero ya abonado.
Explicó también que durante años continuó haciendo aportes con la expectativa de acceder a una vivienda o recuperar su inversión, pero los proyectos promocionados nunca llegaron a concretarse. Dijo que llegó a invertir más de G. 25 millones.
Otro testigo, Diego Quiñónez, dijo que fue informado por representantes de la empresa que había resultado adjudicado para una vivienda.
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Pese a ello, manifestó que luego comenzaron nuevos requerimientos y gestiones para acceder al inmueble.
Al final, con el paso del tiempo tomó contacto con otras personas que también habían sido adjudicadas en años anteriores y que tampoco recibieron las viviendas prometidas.
Para el fiscal Hernán Galeano, los testigos relataron cronológicamente sobre la captación de personas con un sistema engañoso, que no se les explicaba bien. Le ofrecieron un departamento, luego pasó a electrodomésticos y finalmente un vehículo, dijo.
Por su parte, el defensor de Durand, el abogado Óscar Tuma, señaló que la testigo probó que adquirió un plan de sorteo, donde pagaba G. 150.000, y que si ganaba le daban un departamento de G. 380 millones, que jamás iba a alcanzar en 60 cuotas de G. 150.000. Aseguró que, al no ser adjudicada, la testigo migraba a otros planes.
