La carga salarial se va volviendo cada vez más pesada para el Tesoro Público, en medio de unas finanzas estatales que ya venían bastante apretadas antes de la pandemia, y que con la crisis sanitaria y económica su situación se volvió aún más crítica.
Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Hacienda en sus reportes sobre la situación financiera de la Administración Central (Situfin) indican que el gasto en remuneraciones tuvo un crecimiento bastante acelerado en el último quinquenio, pasando de los G. 13,18 billones a los G. 17,15 billones entre 2016 y 2020.
La diferencia entre estos años es de G. 3,96 billones (USD 576 millones al tipo de cambio actual). En términos porcentuales, se puede decir que el incremento en los últimos 5 años fue del 30%.
Los datos dan cuenta que, en un 2020 duro para el Fisco por el golpe de la pandemia en la recaudación de impuestos, lo que desembocó en un crecimiento del 38% de la deuda estatal y en un déficit fiscal del 6,1% del PIB para enfrentar al Covid-19, los salarios se devoraron la friolera suma de USD 6,8 millones por día. Justamente debido a la caída en los ingresos tributarios, el Tesoro tuvo que utilizar USD 300 millones provenientes de la emisión de los bonos para cubrir el gasto salarial.
La Administración Central del Estado está compuesta por las entidades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Están excluidas las gobernaciones, empresas públicas, entidades financieras, entes autónomos y las binacionales (ver la infografía).
Crecimiento vegetativo y docentes. Según los reportes oficiales, el aumento en el gasto salarial en los últimos años se debe principalmente a dos cuestiones: el crecimiento vegetativo de las fuerzas públicas y del personal de blanco, y los reajustes anuales que se venían dando a docentes antes de la pandemia.
Con respecto al primero, el año pasado se incorporaron al plantel público unos 2.400 egresados de la escuela de policías para reforzar la seguridad ciudadana, además de otros 5.709 funcionarios de blanco para hacer frente a la pandemia, entre médicos, enfermeros y personal de apoyo. Asimismo, la Ley de Emergencia contempló premios para los funcionarios de blanco por su labor durante la crisis sanitaria.
Con relación a los docentes, los informes indican que venían recibiendo incrementos de entre el 8 y el 16% de forma anual, lo que se interrumpió por la pandemia. Este año debía darse un nuevo reajuste, pero sería nuevamente suspendido si se sanciona la Ley de Consolidación Económica.