Operamos bajo el supuesto de que el liderazgo es poder decidir y lograr aceptación en el entorno en que opera. Esto es válido en el mundo privado donde habitamos casi todos los paraguayos, porque es posible desvincular a colaboradores que no cumplen lo que se les solicita, existe una jerarquía en las disposiciones, y cada quien en la cadena de mando es responsable y pasible de sufrir las consecuencias de sus errores. Asumimos que este mismo poder lo tienen las autoridades electas del Gobierno, como ministros, presidentes y directores de entes, y demás “cargos de confianza” del gabinete. Los periodistas buscan las declaraciones de estas autoridades, y sus palabras tienen eco en toda la prensa, como si aquellos periodistas entrevistasen a una figura relevante.
La realidad es muy distinta dentro de la lógica del Estado, donde el poder tiene muy poco poder. Primero, la Ley del Funcionario Público convierte al subordinado en alguien “estable” e inamovible. Solo este aspecto es un sólido muro a las decisiones del supuesto poder. Solo se puede decidir quiénes van al freezer o salen del freezer, pero nadie puede ser desvinculado. Los que van al freezer son premiados con el cobro de salarios sin tener responsabilidades. Los cargos de personas electas directamente por el voto popular son temporarios y fenecen a los 5 años…, mientras los funcionarios estables son permanentes. El temporario ejerce el poder de manera relativa sobre el permanente.
Segundo, la cantidad de gente, donde hoy son casi 300.000 funcionarios públicos hábilmente organizados en un sinnúmero de intimidantes sindicatos. No existe una empresa privada de este tamaño ni sindicato tan fuerte. Los ministros tienen un marcado límite en sus decisiones, impuesto por los intereses de los sindicatos de la entidad que manejen. Unos pocos miles de funcionarios impiden el proceso de unos millones de ciudadanos. Fuera de cámaras se suele escuchar a los “poderosos” decir que el sindicato se opondría a tal o cual cosa.
Tal es la fuerza, que ningún presidente o ministro ha osado proponer la derogación de la Ley del Funcionario Público. Lo máximo que tímidamente proponen es cambiar la ley y que esta nueva se les aplique a las personas que ingresan al Estado desde ese momento en adelante. El argumento es que la ley no puede ser retroactiva, lo que en la práctica se convierte en un cepo de inamovilidad.
Tercero, la concentración de responsabilidad es injusta y absurda en los cargos electos y temporarios. Los organismos subordinados “recomiendan” en una hábil estructura de sugerencias de acción, mientras que el ministro “resuelve” concentrando en sí mismo la responsabilidad de la acción. El ministro es personalmente responsable de miles de decisiones, firma toneladas de papeles por día, le es imposible de leer todo lo que firma ni de entender todas las implicancias próximas y lejanas de todas esas decisiones tomadas con limitada información y sometido a presiones de todo tipo. Esta fórmula hace que todos los funcionarios inamovibles dispongan de todo el tiempo para intentar pasar aprobaciones, ofertas, negocios, nombramientos, reediciones de antiguos negociados, y demás compromisos camuflados en rebuscados textos o fugaces presentaciones a la autoridad que “resuelve” mientras no le da tiempo de analizar, menos aún de descubrir la trampa.
Esta blindada y permanente estructura de casi 300.000 funcionarios se comen a gobiernos enteros y entierran a los más capacitados y con mejores intenciones. El Paraguay cambiará radicalmente si la Ley del Funcionario Público fuese derogada, y cada quien que permaneciera en su trabajo sería exclusivamente por mérito y productividad, corriendo la misma suerte de todos nosotros los ciudadanos, quienes debemos trabajar con idoneidad y honestidad para merecer el alimento diario.
