Catalina Botero es abogada y Relatora Especial para el tema de Libertad de Expresión en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Sucede a Santiago Cantón en el cargo. Es delgada y habla con ese castellano pulcro y melodioso que tienen los colombianos, ya que es oriunda de esa nación. Visitó nuestro país para intervenir ante el pleno de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Su intervención concitó mucha atención. Describió con precisión el panorama continental, en que menudean las agresiones a periodistas en el ejercicio de la profesión, el uso de las leyes contra el terrorismo como elemento para trabar la libertad de expresión, el manejo de las pautas publicitarias oficiales como arma de presión hacia los medios por parte de ciertos Gobiernos. Caracterizó el ambiente de intimidación en ciertos países, que no permite el desarrollo del trabajo periodístico; y las restricciones para el acceso a la información pública. Es rápida y precisa en sus intervenciones, y no teme polemizar. Aboga por la diversidad y la pluralidad de los medios, incluyendo a las radios comunitarias.
- Nos referimos a la libertad que tienen todas las personas de pensar el mundo por cuenta propia, de compartir sus pensamientos con otros, de opinar, de circular información libremente. De expresarse con toda la creatividad humana, sin trabas.
- ¿Cuál es la visión que tiene sobre el estado, a nivel continental, de la libertad de expresión? ¿Es una situación de estabilidad o de continuados ataques?
- Creo que el continente ha avanzado mucho desde las dictaduras militares de los años 70. La apertura a la democracia, las nuevas Constituciones, han servido para fortalecer la democracia y, por supuesto, la libertad de expresión. Todas las Constituciones reconocen y garantizan la libertad de expresión. El sistema interamericano está actuando muy vigorosamente, la gente cada vez es más consciente de sus derechos. Pero creo que hay riesgos, problemas, desafíos.
Siguen existiendo fenómenos de censura, por ejemplo judicial. Hay países en que los jueces pueden sacar información de la prensa. O la censura indirecta a través del mal uso de la publicidad oficial o de la adjudicación de frecuencias de radio y televisión. En algunos países se está asesinando a periodistas por parte de grupos de la delincuencia organizada, de manera muy brutal. Tampoco se ha creado un marco legal suficiente para el acceso a la información pública. Hay retos y desafíos importantes.
Los grupos mafiosos
- Se ve con preocupación el surgimiento de grupos mafiosos en Colombia, México y Brasil, que se dedican a intimidar a la prensa y asesinan a periodistas. ¿Cuáles serían algunos de los mecanismos para enfrentar este tipo de situaciones?
- El gran problema de la delincuencia organizada es que son grupos realmente muy poderosos, que incluso en algunos lugares tienen la capacidad de atemorizar a las propias instituciones o de infiltrarlas. Eso no es muy usual, felizmente. Pero hay que controlarlos. A los Estados se les pide muy seriamente que se investigue cada crimen que se ha cometido, cada amenaza, y que judicialicen y lleven a la cárcel a los responsables, con penas proporcionadas y no con beneficios exorbitantes que terminan en penas irrisorias. Lo que se les solicita a los Estados es que hagan un control legítimo del uso de la fuerza, que ejerzan el monopolio que tienen para dicho efecto, y que se haga justicia en el caso de los periodistas agredidos o muertos. No porque ellos sean privilegiados, sino porque cuando se asesina a un periodista, no sólo se afecta a una persona, sino que se evita que toda una comunidad pueda conocer una información relevante para ejercer el control político. Lo que hacen las mafias a través del asesinato de periodistas es congelar situaciones, impedir que haya una lucha contra la impunidad y contra el accionar de las mismas.
- Usted ha mencionado que está por presentarse un informe ante la CIDH. ¿En qué consiste?
- La Relatoría Especial presenta un informe anual ante la Asamblea General de la OEA. Se presenta a la Comisión Interamericana; ésta la aprueba y la eleva a la Asamblea. Tiene un capítulo que son todas las actividades de la Relatoría, total transparencia de quiénes integran el equipo, cómo se financia, etcétera. El segundo capítulo es la situación de todos los Estados; ahí hay subregistros, pues existen Estados sobre los cuales no tenemos información, pero creo que se da un panorama bastante razonable de lo que está pasando en el continente. Luego se aborda toda la jurisprudencia interamericana, todos los estándares, cuál es el alcance de la libertad de expresión, cuáles son los límites que se pueden establecer. Creo que esto es muy importante para que los habitantes del continente sepan hoy qué derechos tienen para protegerse. Y el cuarto capítulo es la agenda de la Relatoría, que son los puntos más importantes del trabajo que realiza y que tienen que ver con lo que he expuesto en la reunión de la SIP. Y, por último, se plantean recomendaciones puntuales a los Estados.
- ¿Cuáles son las acciones posibles desde los gremios, desde la sociedad civil, para la efectiva vigencia de la libertad de expresión, que siempre corre el riesgo de estar coartada?
- Hay un primer punto: hay que mantener la sensibilidad sobre el tema. Creo que a la gente se le olvida que puede hablar, que puede leer, que puede discutir, porque hay un derecho a la libertad de expresión que se le garantiza y que no siempre ha estado garantizado. Que ha habido momentos en que estuvo prohibido expresarse, en que a la gente se la ha llevado a la cárcel o la asesinaron por hablar de ciertos temas. Entonces no es poco haber conquistado esos derechos, poder discutir vigorosamente sobre todos los asuntos, conocer el pensamiento del otro. Y pienso que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en este sentido.
Lo segundo es que creo que hay que hablar de las nuevas formas a través de las cuales se limita la libertad de expresión. Hay Gobiernos y hay sociedades que creen que el uso de la publicidad oficial, para acallar o premiar a un periodista, es normal. No, no es normal. Hay que poner los puntos sobre las íes y aclarar los temas. Hay que denunciar y debatir sobre esos hechos para que las sociedades impulsen los cambios.
Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, dialogó con nosotros sobre esta realidad.
Paraguay y el caso Santiago Leguizamón
En cuanto a Paraguay, es inevitable hablar del caso más emblemático, como es el de Santiago Leguizamón, director de Radio Mburucuyá, asesinado por la mafia fronteriza en Pedro Juan Caballero el 26 de abril de 1991, Día del Periodista. Al mismo se le han sumado otros casos en los últimos años, que permanecen impunes, pese al pedido de varios gremios nacionales e internacionales.
- Junto a otros hechos de- nunciados ante la Comisión, el más conocido es el del colega Santiago Leguizamón, que lle- va ya 18 años sin que se haya esclarecido debidamente y castigado a los culpables. ¿Cual sería el papel del Es- tado?
-Prefiero no pronunciarme respecto a casos, sino a través de la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo que sí está claro es que cuando ha pasado un tiempo razonable y no hay una investigación seria y juiciosa y comprometida de parte del Estado, hay una violación internacional de sus responsabilidades como tal. Eso se llama impunidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que eso no pase. Me parece que el Estado paraguayo se ha comprometido a investigar seriamente el caso. Y nosotros esperamos que eso suceda, y estamos dispuestos a apoyarlo, en lo que sea, en este proceso de investigación.
Una actitud que promete algún seguimiento de la comunidad regional.
Entrevistas
Antonio V. Pecci
Periodista
apecci@uhora.com.py