La causa extinta por resolución del Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, donde sobreseyeron a Camilo Almada y Eusebio Torres, solo tuvo una diligencia en todo el proceso, que fue el pedido de informes en 1996, sobre el querellante al Archivo del Terror. Luego no hubo diligencias.
La querella criminal fue presentada el 30 de mayo de 1995, por Santiago Rolón Centurión, a través de los abogados Francisco José De Vargas (ex diputado), Francisco Javier Díaz Verón (ex fiscal general) y Rodolfo Mongelós.
La acción fue por los delitos de homicidio, lesión corporal, tortura, amenaza de muerte, asociación ilícita para delinquir, secuestro, abuso de autoridad y otros en la capital.
Acusaban al ex presidente Alfredo Stroessner, el ex ministro Sabino Augusto Montanaro, Benito Guanes Serrano, Pastor Milciades Coronel, y los oficiales Camilo Almada Morel (alias Sapriza), Juan Martínez, Lucilo Benítez (Cururú Piré), Eusebio Torres y otro de apellido Esteche.
DETENIDO. Según dice la querella, Rolón era integrante de la Juventud Agraria Católica. Fue detenido el 11 de abril de 1976, al salir del Seminario Metropolitano, por cuatro civiles. Había ido ahí, porque el día anterior allanaron su casa.
Rolón señala que fue llevado a Investigaciones de la Policía, donde de inmediato fue sometido a torturas, en la famosa pileta, “recipiente lleno de orín, excremento humano y otros desechos, desnudo, atado de pies y manos hasta casi ahogarlo, mientras que otros subidos encima de su cuerpo lo golpeaban salvajemente”.
Relata que los golpes y la inmersión eran tan desesperantes que le daban taquicardia. “El ahogamiento continuo, extrañamente, le producía una sed terrible”.
Explica que le preguntaban por su seudónimo y que supuestamente pertenecía a la Organización Primero de Marzo (OPM).
Cita como torturadores a Almada, Benítez, Juan Martínez, Agustín Beloto y Torres, que se turnaban para torturarle. Incluso, una vez le ataron los testículos y se los estiraban.
Reveló que Torres le castigó con el tejuruguai (látigo), porque le dijo que debía hacer puntos a su costa. Finalmente, lo dejaron cuando un médico les dijo que debían dejar de torturarle.
Comenta que al día siguiente le tomaron la declaración indagatoria en la Policía en forma “pacífica”. Luego lo dejaron sin comer, por unos 17 días. Estaba tendido en el piso, donde le hacían escuchar las torturas a otros.
Alega que algunos presos políticos que estaban con él fueron llevados a Misiones, y en una segunda ocasión le tocó a él ser trasladado. Lo llevaron esposado, engrillado y acostado en el asiento delantero de un camión de cargas.
ABRAHAM CUÉ. Santiago Rolón relata que fue llevado al penal de Abraham Cué, donde también fue torturado en varias ocasiones. “Allí Sapriza le leyó su sentencia de muerte firmada por Pastor Coronel...”. Luego le dejaron atado al contrapeso del tractor.
Estuvo seis meses en ese sitio, donde estuvo con varios otros presos, José Gil Ojeda, Melquiades Alonso, Melchor Rolón (su hermano), y Ramón Giménez. Las secuelas de sus torturas aún las tenía cuando planteó la querella.
Después, en setiembre de 1976, lo derivaron hasta el penal de Emboscada, donde estuvo recluido por dos años y ocho meses. Para salir tuvo que hacer una huelga de hambre de 57 días.
Tuvo una “parodia de proceso que nunca terminó por la supuesta violación a la Ley 209, de Defensa de la Democracia”. Nunca lo condenaron.
Después, lo llevaron a la Comisaría Tercera, de donde luego fue expulsado a la Argentina. Al pasar a Clorinda, fue entregado por los policías paraguayos a los marinos argentinos, que de nuevo le torturaron.
Recién con la intervención del Comité de Iglesias, fue liberado por el grupo. De ahí, le dieron 24 horas para ir al Brasil. Al llegar, Santiago Rolón solicitó status de refugiado en las Naciones Unidas. Estuvo 11 años. Tras caer la dictadura volvió al país.
Dijo que no solo los torturadores eran los responsables, sino quienes también ordenaron su secuestro, tortura y entrañamiento, encabezados por el ya fallecido presidente Alfredo Stroessner.
Ahora, la causa se extinguió y la única diligencia que hizo el juez fue un pedido de informes al Archivo del Terror. El fiscal nunca siquiera instó al juez para hacer diligencias, como lo prescribía la ley vigente en ese entonces.
