La información aparece cuando todavía no se definió la tarifa de este año, mientras Paraguay y Brasil pugnan por intereses opuestos. Por un lado, nuestro país pretende que elevar los números todo lo que se pueda y el presidente Santiago Peña hasta mencionó que se busca volver a la normalidad pre2022, lo que significa elevar la cifra hasta los USD 22,6 kW/mes.
Por otro lado, Brasil intenta bajar de los USD 16,71 kW/mes, tarifa que fue aprobada el año pasado, e incluso rechazó –esto también los medios de Brasil– la última propuesta paraguaya de USD 19,66 kW/mes.
El ingeniero Pedro Ferreira, ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), indicó que esa “baja” de la que habla Folha corresponde a una lógica establecida en el Anexo C a fin de asegurar el pago de la deuda en vez de maximizar los beneficios para los países.
Añadió que Brasil propone ahora la aplicación “literal” del Anexo C porque le conviene, aunque no se aplicó taxativamente durante prácticamente toda la operación comercial. Como ejemplos, recordó el caso de la tarifa por debajo de lo establecido por el Anexo C que generó la deuda espuria, un perjuicio calculado por la Contraloría General de la República (CGR) de alrededor de USD 4.000 millones para Paraguay y un gran beneficio para Brasil al llevar millones de MWh por debajo del precio del Anexo C; y las tarifas que incorporan en el presupuesto los “gastos sociales”.
“Las resoluciones de Itaipú prevalecieron sobre el Anexo C, incorporan gastos que pueden o no reemplazar totalmente los USD 2.100 millones del servicio de la deuda”, explicó Ferreira. Agregó que si en el presupuesto de Itaipú se introducen “gastos sociales” como obras de refuerzo del sistema eléctrico de la ANDE, eso lo pagan paraguayos y brasileños que consumen la energía paraguaya de Itaipú. Si baja el presupuesto de Itaipú, y consecuentemente la tarifa, para cumplir con sus necesidades la administración eléctrica tendrá que hacer sus inversiones con la tarifa que cobra a los usuarios finales.
“Por eso, si este gobierno consigue que el presupuesto anteriormente vigente (aproximadamente USD 3.300 millones al año) se apruebe, la clave es que ingresen al Presupuesto General de la Nación”, opinó Ferreira.
