Política

Empresaria dice que ya no tiene relación con proveedores

 

A través de un memorándum a la Redacción, la empresaria Olga Pampliega aclaró que se encuentra divorciada del señor Claudio Escobar, y que no tiene ninguna participación en las empresas Cevima SA y Grupo Bri SA.

“(...) me encuentro en la actualidad desvinculada del Grupo Bri SA o Cevima SA y sin ninguna intervención en licitaciones públicas con dichas empresas, ni con cualquier otra firma que se dedique a contratar con el Estado, por lo que no puedo ser la presidenta del Grupo Bri SA como mencionan las publicaciones”, dice parte de la nota.

Documentos a los que accedió ÚH muestran que Olga efectivamente llegó a ocupar el cargo de presidenta del Grupo Bri, que emplea a uno de los proveedores de limpieza favoritos del Estado en los últimos años, Miguel Galeano Ydoyaga.

La empresaria añadió que no se dedica a contratar con el Estado de ninguna manera, ya que sus actividades comerciales las realiza en el ámbito privado.

“(...) ejerciendo mi derecho a réplica solicito se informe debidamente sobre la verdad de mi situación personal, es decir, que me encuentro divorciada desde el año 2018 de conformidad a la S.D. N° 226 de fecha 13 de junio del 2018 dictado por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Vigésimo Turno, Secretaría N° 39 de la Capital y en la actualidad desvinculada de las empresas del Grupo Bri SA y Cevima SA y sin ninguna intervención en licitaciones públicas”, expresa la misiva.

“Me dedico a actividades comerciales en el ámbito privado, en las cuales me manejo con reconocida honestidad y que nunca he sacado provecho de ninguna manera a costa del Estado paraguayo ni me he enriquecido por licitaciones públicas, provengo de una familia trabajadora y de constante crecimiento comercial el cual ha sido forjado con mucha dedicación dentro del marco legal”, finaliza el escrito.

ÚH viene publicando una serie sobre proveedores de servicios de limpieza estrechamente vinculados entre sí, que ofertan en las mismas licitaciones públicas. Cevima SA, San Alfredo SRL y Prodpar SA están bajo la lupa. Se trata de un esquema bien montado para acaparar contratos con el Estado.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas había anunciado una investigación a inicios de octubre pasado.

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