Sigue la lluvia de protestas contra la licitación para la fiscalización de la duplicación de las rutas 2 y 7, proyecto que se adjudicó hace casi un año, vía alianza público privada (APP), al consorcio liderado por la española Sacyr (60%) y cuyos socios son la portuguesa Mota Engil (20%) y la paraguaya Ocho A (20%).
El inicio de obras seguirá esperando hasta que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) defina la adjudicación de la fiscalización, donde siguen en carrera tres oferentes –de nueve oferentes que se presentaron– y son: Consorcio Concremat y Asociados, cuya propuesta fue de USD 7,6 millones; el Consorcio Typsa-Caem, que ofertó por USD 10,2 millones, y el Consorcio C&D-ELC, que presentó por USD 8,5 millones.
En este momento, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) también está investigando al Consorcio Typsa-Caem, que ocupa el segundo lugar entre las tres “preferidas” de Obras Públicas, según la evaluación de ofertas, y no precisamente por presentar la oferta más barata, sino por tener la mejor calificación técnica.
Según denuncias presentadas ante la DNCP, la empresa Typsa –también española–, integrante del consorcio en cuestión, fue contratada por el consorcio liderado por Sacyr para la elaboración del diseño final de la APP de rutas 2 y 7, por lo que no puede participar del llamado de fiscalización. Esto atendiendo a la resolución del 29 de octubre del 2003 del MOPC, que prohíbe que las empresas fiscalicen las obras que diseñaron, ya sea en forma individual o en consorcio.
Siempre según la denuncia, el comité de evaluación permitió que la firma siga en carrera, a sabiendas de que fue contratada por Sacyr para la elaboración de su diseño. Vale señalar además que Typsa tiene serios antecedentes de corrupción en Colombia, según publican diferentes medios de ese país, donde lo salpican de conseguir contratos amañados, hoy investigados por las autoridades.
TAMBIÉN INVESTIGAN A FAVORITA. La favorita del MOPC para la fiscalización de las rutas 2 y 7 es el Consorcio Concremat (Brasil), que presentó la oferta más barata y tiene la mejor calificación técnica. Empero, según una denuncia presentada a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, esta firma presentó como experiencia un contrato que nunca tuvo en Brasil, es decir, habría mentido, pero su oferta fue igualmente validada.
Este caso también está siendo investigado por Contrataciones y hace unas semanas solicitó documentos en Brasil para corroborar si hubo o no irregularidades de la preferida de Obras Públicas.
Vale señalar que en total se intervendrán más de 170 km desde San Lorenzo hasta Pastoreo (inicio de la concesión de Tape Porã), en el Departamento de Caaguazú, y requerirá de una inversión de USD 527 millones (monto de la adjudicación).
La obra ya debía arrancar en el mes de junio con el recapado del tramo desde San Lorenzo-Ypacaraí, conocido como tramo 0. Sin embargo, ahora no se sabe cuándo se iniciarán los trabajos por la indefinición de la fiscalización. Tampoco se sabe si Sacyr ya cerró la financiación con los bancos financistas.