La empresa Probienestar SA de Paul Hellmers se encuentra realizando un refulado (extracción de arena) del riacho Payaguá en Villa Hayes. La propiedad pertenece a la comunidad Fray Bartolomé del pueblo Maká. Sin embargo, la firma no posee la autorización de dicho pueblo originario según establece la Ley 1039/18 que establece las consultas, consentimiento libre, previa e informado en las comunidades indígenas.
El pasado 3 de octubre, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) informó a Fernando Ariel González, agente fiscal de la Unidad Penal Especializada contra Delitos Ambientales, que la empresa Probienestar SA, de Paul Hellmers no solicitó una audiencia pública sobre el proyecto de dragado de arena en cauces hídricos que se encuentra en el interior de la comunidad indígena Fray Bartolomé.
“Dicho pedido desconoce la institución, mediante ley 1039/18 apelo a esa Unidad Penal que las empresas y Raúl Hellmers cumplan con dicha ley mencionada más arriba”, reza parte de la respuesta del INDI a la Fiscalía.
Contexto. El empresario Paul Hellmers con su firma Probienestar SA está impulsando un barrio cerrado denominado: Condominio cerrado de la Rivera, dentro de la Comunidad indígena Fray Bartolomé de las Casas del pueblo Maká, ubicada en el distrito de Villa Hayes. Estos trabajos están afectando parte de los terrenos que el Estado paraguayo había cedido a dicho pueblo originario.
Para la realización de estos trabajos de limpieza se debe cumplir por ley con un “Protocolo de consulta y consentimiento” que es de cumplimiento obligatorio. El Decreto 1039/18, establece que las comunidades deben otorgar los permisos.
Si bien, la empresa recibió un aval del Ministerio del Ambiente el pasado 4 de mayo. El mismo ministerio, tras el cambio de autoridades, ordenó el cese de uno de los dragados el pasado 25 de setiembre debido al incumplimiento del plan de gestión ambiental. En el documento se deja constancia que el proyecto se sitúa parcialmente dentro de la comunidad indígena fray Bartolomé, dentro de terrenos inundables.
Historia. Desde 1941, dicho pueblo originario está en la zona. Desde el año 1944 ya cuentan con los títulos de la propiedad. Se trata de unas 335 hectáreas. Sin embargo, desde 1986 están sufriendo el desmembramiento de su territorio.
Versión de la empresa. Con la guía de Gregori Haneman, jefe del proyecto de la empresa Probienestar SA nuestro medio tuvo acceso a los dos dragados realizados por la firma. La primera, que fue suspendida a fines de septiembre por el Mades, efectivamente ya no opera, según se pudo observar por los equipos que están sin uso en la costa.
Sin embargo, un refulado si se realiza en el riacho Payaguá, lo cual generaría un importante daño ambiental. En palabras de Haneman, el lugar no forma parte de la comunidad nativa.
Mades. Víctor González, director de la asesoría jurídica del Mades, informó que se encuentra en una etapa de análisis de producción de pruebas para determinar si el dragado es o no irregular.
“Pedí algunos informes más internos de la institución para saber los antecedentes. Van saliendo estos nuevos casos, pero dividiendo lo que es competencia del Mades. Haciendo el análisis, ellos (por la empresa) me agregaron una declaración de impacto que tenían anteriormente entonces estoy pidiendo informes de la oficina de control y de recursos hídricos”, explicó.
Afirmó que el sumario estará terminado entre 15 a 30 días.
“Una vez que hicimos la suspensión, comunicamos al MOPC, al Ministerio Público, a la Gobernación, ya las actuaciones de ellos posterior a eso, me servirán de insumo para saber si algún tipo de agravante”, culminó González.
