Se trata de Wilfrido Simón González Orzusa, quien se desempeña como director de Planificación de la Municipalidad de Lambaré y, al mismo tiempo, es síndico del Grupo Imola SA, firma que posee estaciones de servicios en la misma ciudad y que es administrada por el mismo jefe comunal Rosa Agustín (Guido) González (ANR).
El funcionario participa como evaluador del llamado a licitación con ID 432979 denominada; “Construcción de regularización asfáltica, cunetas, badenes y remoción con reposición de empedrado” por G. 3.788.737.466.
De esta manera, un empleado de la empresa privada del intendente está tomando decisiones sobre las licitaciones de obras públicas de la Comuna.
Funcionario. Wilfrido González, director de Planificación de la Comuna lambareña, afirmó que es amigo del intendente y, como sociólogo, usó sus conocimientos para ser responsable de la candidatura del actual jefe comunal antes de su elección.
“Fui integrante del comité evaluador hasta enero. En octubre, noviembre y diciembre estuve recuperándome de un accidente de tránsito bastante importante y no estuve participando. Pero debido a que existen suficientes integrantes pudieron seguir trabajando sin problemas”, comentó.
Informó que solo fue integrante de esa comisión ya que su función es la de asesor principal del jefe comunal.
“Le doy mi opinión sobre cuestiones técnicas que luego se somete a la Dirección Jurídica. Toda versión técnica debe tener un respaldo jurídico como establece la ley orgánica municipal”, comentó.
Al ser consultado si no existe ningún impedimento legal en la ley de la función pública para ocupar un cargo en la Intendencia y en la empresa del mismo intendente, afirmó que desconoce cualquier tipo de impedimento.
“Sí habría algún impedimento debo renunciar a alguno de los dos cargos. Evidentemente que si existiera un impedimento me deshabilitaría. Yo ahora no tengo cuestiones administrativas dentro de la Municipalidad. Mi función es solo de asesor por más que sea un director”, manifestó.
Anulación. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en su Resolución 540/24 de fecha 26 de febrero, ordenó la anulación de la adjudicación del lote uno del llamado y retrotraer lo actuado a la etapa de la evaluación de las ofertas.
Se trata del lote adjudicado a la firma TP-1 de Daisy Agüero cuyo contrato es por G. 2.711.471.250.
