La intimación fue bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir con el plazo dado serán remitidos los antecedentes al Ministerio Público para una investigación por desacato y frustración a la persecución penal.
La citada empresa, el pasado 12 de enero, había indicado que dos números de teléfono de todos los que fueron solicitados estaban registrados en esa compañía.
Son los teléfonos de los legisladores Fernando Silva Facetti y Clemente Barrios, pero indicaron que los extractos no estaban disponibles porque ya pasaron los seis meses en los que están obligados a conservarlos por ley.
Sin embargo, los abogados Guillermo Duarte y Santiago Lovera solicitaron el nuevo oficio bajo apercibimiento de modo a que entreguen los datos solicitados.
Esto, según dijeron, se fundaba en que las empresa Claro y Tigo remitieron los extractos peticionados, pese al tiempo transcurrido.
Alegan que esto les “permite sostener con bastante razonabilidad que también la firma Núcleo SA tiene esos extractos y los podría remitir al juzgado y que si no lo está haciendo es por voluntad de sus autoridades, lo cual constituiría los ilícitos arriba enunciados”.
Los querellantes habían requerido un emplazamiento por 24 horas, pero el juez juzgó conceder 72 horas.
OBJETIVO. Lo que la querella pretende, al decir del abogado Guillermo Duarte, es conocer quién dio la orden para atracar la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde mataron al joven Rodrigo Quintana.
Los extractos dan cuenta de las llamadas recibidas por el entonces jefe de Policía con parlamentarios, miembros del Gobierno y hasta civiles.
La Fiscalía en principio no quiso requerirlos, por lo que la querella los pidió al juez, que negó el pedido, por lo que fue el Tribunal de Apelación el que finalmente concedió la solicitud.
Esto se dio luego de que haya transcurrido el plazo de seis meses que tienen las empresas de telefonías para guardar los extractos telefónicos, según la legislación vigente.
Con los informes se podría determinar exactamente quiénes conversaron con el jefe policial y pudieron haber dado la orden de atracar la sede partidaria.
El hecho se registró en la madrugada del 1 de abril del 2017, durante las protestas que se iniciaron el 31 de marzo de ese año, por la aprobación de la enmienda constitucional que permitía la reelección presidencial.
Ese día también habían incendiado la sede del Congreso, durante las manifestaciones que se dieron a raíz de lo acontecido.