Esta declaración de emergencia pretende revertir los daños ocasionados por las graves inundaciones, a raíz de las lluvias, en dicha zona del territorio nacional. El plazo es de 90 días.
La presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), recomendó la aprobación de la propuesta y señaló que el objetivo es mitigar los efectos de las inundaciones; resguardar a la población afectada e iniciar programas tendientes a la recuperación de sus medios de vida.
Habló de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Gobernación de Ñeembucú y los diferentes municipios.
La misma medida había sido solicitada para ciudades de Central, pero el pedido fue cajoneado sin revisión.
