Durante el tratamiento, el proyectista señaló que su propósito es contribuir a que se castigue la connivencia de ciertos agentes penitenciarios que facilitan la fuga de presos. Por tanto, la propuesta endurece las penas para quienes facilitan o colaboran en la fuga de internos.
El proyecto establece dos modificaciones principales: por un lado, eleva de tres a cinco años la pena base para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno; mientras que, por otro lado, aumenta la pena para funcionarios públicos o personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándola de “hasta siete años” (como contempla la ley actual) a un rango de “cinco a quince años” de privación de libertad.
Así “el que liberara a un interno, le indujera a la fuga o le apoyara en ella será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. Será castigada también la tentativa”.
Para el proyectista, la estadística demuestra que las fugas son, generalmente, propiciadas con apoyo externo, muchas veces en connivencia con personal penitenciario, en apoyo a organizaciones criminales que los alientan.
