En cuanto al uso de la electricidad, no existe una educación adecuada al respecto que permita a todas las personas, de todos los estratos sociales, tomar sus propias precauciones con el fin de protegerse de accidentes que pueden resultar fatales.
A ello hay que agregar la irresponsabilidad con que muchas personas actúan al realizar precarias instalaciones sin contratar a electricistas habilitados por la ANDE y exponerse al peligro. No hay conciencia de que la energía eléctrica es una fuerza tan poderosa que, en un descuido fatal, puede provocar la muerte de las personas.
Lo que se ha visto en estos 22 últimos días en los que se registraron 10 fallecimientos por electrocución refleja la ignorancia y la temeridad de aquellos que no han sabido tomar sus precauciones en debida forma, pero sobre todo desnuda el poco cuidado de la institución pública encargada de administrar la provisión de corriente eléctrica a la población, así como de las municipalidades responsables del mantenimiento de los espacios públicos.
La que conoce a la perfección, científicamente, el riesgo de la electricidad y sus consecuencias es la ANDE. Su rol atañe a la conexión de los cables a los requerimientos domiciliarios, pero también a la seguridad de la gente. A pesar de ello, y aún haciendo algún ruido cada tanto, al desactivar instalaciones clandestinas que dan lugar al robo de energía y ponen en peligro a la gente del entorno de los lugares que cuentan con luz eléctrica y electrodomésticos diversos, es, en definitiva, la que debió haber actuado con más profesionalismo para evitar los lamentables hechos que han cobrado notoriedad en las últimas semanas.
Si hay conexiones precarias, cables pelados, soportes en mal estado y medidores que están a la deriva es porque los funcionarios de la ANDE no han cumplido a cabalidad sus tareas. Esa omisión adquiere mayor relevancia en las inundaciones porque en la emergencia la exposición al peligro de parte de las personas es mayor que en otras ocasiones. De haber actuado con mayor seriedad, la ANDE hubiera realizado con celeridad los trabajos que exigen un estado de emergencia como el que atraviesa actualmente el país, y hubiera concienzado para que la gente siga recomendaciones específicas en caso de situaciones anormales. Además, debió haber adoptado todas las medidas técnicas necesarias para que a los sitios poblados tomados por las aguas no se continuase proveyendo electricidad, considerando su elevado rango de peligrosidad.
Entre los muertos también se encuentran tres electricistas de la ANDE que hacían tareas de reparación y fueron alcanzados por descargas eléctricas. Esto remarca la necesidad de adoptar todas las medidas preventivas posibles: si hasta los que conocen el comportamiento de la electricidad son víctimas, con más razón lo pueden ser los profanos en la materia.
A raíz de lo sucedido, es imperioso que la ANDE revise sus vínculos con la comunidad y establezca protocolos eficaces para impedir, en la medida de sus posibilidades, que siga muriendo gente. A la par de ello, tiene que impulsar con urgencia la aprobación de la ley de seguridad de las instalaciones eléctricas.
