En ese sentido, el Gobierno Nacional ha anunciado que presentará hoy un proyecto de contingencia para hacer frente a los golpes que pueda sufrir una economía que ya viene de soportar un año recesivo en 2019. Básicamente, según explicaron las autoridades del Ministerio de Hacienda, la propuesta del Ejecutivo se divide en tres medidas principales.
La primera tiene que ver con una moratoria tributaria y de servicios. Esta parte del proyecto plantearía suspender el pago de impuestos, tasas y servicios como agua y energía eléctrica. En principio, se habla de 90 días. La idea de esto es que las empresas tengan un respiro financiero para sostener el empleo y sus operaciones en este periodo de cuarentena.
La segunda medida está directamente relacionada con la primera y guarda relación con el financiamiento. Un Estado que deja de recaudar, debe sacar de algún lado los recursos para seguir funcionando. El Estado no puede parar, debe seguir garantizando los recursos para salud pública, para el salario de sus 300.000 empleados y para que las políticas públicas llevadas adelante por este aparato puedan servir como un impulso y un incentivo en este difícil momento. Todo esto, requerirá un endeudamiento de hasta USD 2.000 millones y una excepción total a los topes del déficit fiscal.
La tercera, los trabajadores y empleadores. El proyecto prevé establecer la posibilidad de subsidiar a trabajadores despedidos, suspendidos e informales, con montos que pueden ir desde el 50% del salario mínimo como pago único o de forma mensual.
Habiendo dicho esto, el proyecto parece bastante acertado y razonable. No obstante, también nos debe llamar a hacer algunos cambios en el ámbito económico luego de superar esta crisis.
Nuestro país ha sido a lo largo del tiempo bastante generoso con los más ricos y poderosos, lo que nos ha llevado a tener un Estado clientelista y extremadamente dependiente del endeudamiento externo para desarrollarse. Si bien es cierto que el avance del coronavirus está castigando a todos, el deficiente ahorro fiscal vuelve a poner en evidencia que se requiere un mayor “sacrificio” de sectores que utilizan sin control los recursos naturales y se vuelven cada día más ricos. De acá al corto y mediano plazo, la implementación de una mayor carga para los sectores industrial, agropecuario y financiero, entre otros, permitirán tener un mayor escudo fiscal ante nuevos choques de cualquier índole.
La última reforma fiscal introdujo cambios para que el empresariado aporte más, es cierto, pero debe ser solo el primer paso para una justicia tributaria.
Otra medida muy necesaria es el fortalecimiento de la protección laboral. Un país en el que solo 2 de cada 10 aportan a un sistema de seguridad social es una carta de presentación de la que no debemos estar necesariamente orgullosos. Las desigualdades laborales solamente acrecientan la brecha social y desalientan especialmente a los emprendedores, quienes ante crisis como la actual tienden a sucumbir.
Finalmente, y no menos importante, la eficiencia de los recursos públicos. Mucho ya se ha discutido sobre el tema, pero vale la pena recordar que el resultado del último estudio del BID nos dijo que nuestro país tiene un malgasto del dinero público de alrededor del 4% del PIB, es decir, 1.600 millones. Esto equivale al 80% de lo que necesita endeudarse el Estado para afrontar la emergencia del coronavirus. Recortar sobresueldos injustos, transparencia en las compras públicas y dejar de lado el clientelismo en las transferencias monetarias permitirán contar con más dinero para cuando las papas queman.
Que el coronavirus también sea una lección para el Gobierno.
