El avance de la inteligencia artificial en el ámbito judicial suma un nuevo capítulo en nuestro país. La Corte Suprema de Justicia, mediante la Resolución Nº 12.677, estableció un marco regulatorio para el uso de estas herramientas, colocando en el centro de la escena la protección de datos personales y la seguridad de la información confidencial.
El artículo 15 de la normativa fija un principio claro: los sistemas de inteligencia artificial deben resguardar la privacidad de los datos tratados, evitando su manipulación, divulgación o acceso indebido. Para ello, se impulsa el uso de tecnologías con cifrado y, especialmente, aquellas que no impliquen la salida de información sensible fuera de los servidores institucionales. La disposición también exige la adopción de medidas de ciberseguridad y un control continuo sobre los datos, imponiendo a magistrados y funcionarios el cumplimiento estricto de los protocolos establecidos.
Este enfoque no solo responde a una preocupación técnica, sino que abre un debate de fondo sobre el impacto de la inteligencia artificial en profesiones regidas por el secreto profesional. Entre ellas, la abogacía aparece como uno de los campos más sensibles. El uso de herramientas de IA para consultas, redacción de escritos o análisis de casos plantea interrogantes sobre la confidencialidad de la información compartida.
La discusión ya ha comenzado a tomar forma en el ámbito internacional. En Estados Unidos, dos fallos recientes evidencian la falta de consenso. Por un lado, un juzgado consideró que las interacciones entre abogados y herramientas de inteligencia artificial pueden estar protegidas por el secreto profesional, en la medida en que se mantenga la expectativa razonable de confidencialidad. Por otro, un tribunal de Nueva York resolvió lo contrario, al entender que el uso de estos sistemas implica un riesgo de divulgación que rompe dicha protección.
Estos precedentes, aún incipientes, reflejan un escenario de incertidumbre jurídica que podría replicarse a nuestro país. En ese contexto, la decisión de la Corte paraguaya de priorizar la seguridad de los datos y restringir su circulación fuera del entorno institucional aparece como una estrategia preventiva muy valiosa para todos.
La irrupción de la inteligencia artificial promete transformar profundamente el ejercicio de la abogacía y otras profesiones vinculadas al manejo de información sensible. Sin embargo, como advierte la nueva normativa, el desafío no radica solo en adoptar estas herramientas, sino en hacerlo sin comprometer principios fundamentales como la confidencialidad, la privacidad y la confianza en el sistema de Justicia.
En adelante, el verdadero desafío será compatibilizar innovación y responsabilidad profesional. La inteligencia artificial puede aportar eficiencia y rapidez, pero su utilización deberá mantenerse bajo supervisión humana constante, especialmente cuando estén en juego derechos fundamentales, estrategias jurídicas o información protegida por el deber de confidencialidad.
