“Fue un arduo trabajo en terreno, dada las condiciones en que se produjeron las muertes”, precisó señaló la fiscal Metropolitana Occidente, Solange Huerta quien agregó que para llegar a la cifra “tuvimos que hacer un descarte persona a persona”.
Huerta, que también investiga las responsabilidades en la fallida alerta de tsunami, tras el terremoto del 27 de febrero del 2010, indicó que durante estos meses de investigación se realizaron más de 800 interrogatorios.
La fiscal explicó a los periodistas que las indagaciones afectaron a ex autoridades nacionales, comunales, testigos y víctimas.
“Asimismo, se realizaron más de 30 pericias, varias de ellas en el extranjero, cuyos resultados se están esperando”, recalcó.
Huerta aseguró que se han desplegado todos los recursos humanos, técnicos y económicos para esclarecer las razones que desencadenaron la pérdida de vidas humanas aquella madrugada del 27 de febrero.
“Nuestro compromiso es con la verdad, porque Chile necesita y merece saber qué fue lo que pasó”, añadió la fiscal, quien señaló que hasta ahora han sido presentadas 56 querellas por parte de los familiares de las víctimas.
En esta línea, Huerta informó que se está en la etapa final “a la espera de reunir todos los antecedentes necesarios, luego habrá un periodo de análisis y a través del Poder Judicial se informará de las acciones que se decidan adoptar”.
La fiscal adelantó que durante el primer semestre de este año se podrían conocer los primeros procesos en contra de aquellas personas supuestamente responsables de la fallida alerta del maremoto que barrió las costas del sur de Chile y el archipiélago Juan Fernández.
El terremoto del 27 de febrero del 2010, dejó 523 muertos, 800 mil damnificados y 30 mil millones de dólares en pérdidas, según cifras oficiales.
