El tribunal, presidido por el juez supremo Javier Villa Stein, dejó al voto la solicitud de extradición de Burga por parte de la justicia estadounidense tras una audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Lima en la que el detenido reiteró su inocencia sobre los delitos que se le imputan.
Burga compareció ante los jueces por videoconferencia desde la prisión de Piedras Gordas II, situada en el municipio de Ancón, en el norte de Lima, donde se encuentra encarcelado de manera preventiva desde diciembre.
El expresidente de la FPF negó durante su intervención todos los cargos que la justicia estadounidense le imputa, que son los delitos de asociación ilícita para cometer delincuencia organizada, fraude electrónico, soborno y lavado de activos desde 2009.
Burga indicó que no tiene conocimiento de que sus presuntos cómplices, también imputados en la investigación, hayan cometido hechos delictivos.
A la audiencia no asistió ningún representante de la justicia de los Estados Unidos, que se limitó a remitir una nota diplomática enviada después de que la Sala Penal Permanente devolviera en marzo el cuadernillo de extradición al juzgado de instrucción para subsanar omisiones halladas en la demanda original.
La misiva de Estados Unidos ratificó los cargos imputados a Burga pero no precisó detalles de los mismos bajo el argumento de que su legislación interna se lo impide a fin de no poner en riesgo las pruebas trabajadas en la investigación.
El abogado de Burga, César Nakazaki, consideró que Estados Unidos incumplió las exigencias y requisitos de la Corte Suprema al no presentar indicios probatorios de criminalidad, por lo que solicitó que el pedido de la extradición sea declarado improcedente.
El fiscal supremo penal Abel Salazar instó a la Sala Penal Permanente a confiar en el sistema judicial de los Estados Unidos y acceder al requerimiento planteado en el contexto del principio de cooperación entre los países en la lucha contra la impunidad.
El expresidente de la FPF fue incluido en diciembre entre los 16 nuevos altos cargos y exdirectivos de la FIFA acusados por la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, de corrupción y de “secuestrar” el fútbol para enriquecerse durante 24 años.
La investigación por sobornos que presuntamente alcanzarían los 200 millones de dólares incluye 92 cargos por delitos que van desde organización mafiosa y fraude masivo hasta blanqueo de dinero, y los acusados se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión.
El peruano se encuentra entre los dirigentes sudamericanos investigados por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa Datisa en el proceso de la adjudicación de los derechos de televisión de la Copa América para sus ediciones de 2015, 2016, 2019 y 2023.
Burga se desempeñó como presidente de la FPF entre 2002 y 2014, cuando declinó optar a un cuarto mandato consecutivo bajo sospechas de corrupción y en medio de acusaciones por presuntamente contravenir las normas de la Federación, que solo contemplaban dos reelecciones.
En el momento de su detención ejercía el cargo de coordinador general de proyectos de desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
