Sería un grave error considerar que la situación actual del servicio de transporte público afecta solo a una determinada franja de la población. La falta de un servicio eficiente impacta directamente a estudiantes y trabajadores, pero también tiene un gran efecto económico, social y ambiental. Forzados por la falta de transporte eficiente, las personas hacen grandes esfuerzos por adquirir movilidad propia, lo cual nos remite directamente a la situación de contaminación y al caos en el tránsito en las ciudades de todo el país.
Hace casi un año, un video que mostraba al presidente de la República en una unidad del transporte público desataba una oleada de críticas en las redes sociales. Poco antes de eso, también en las redes sociales se había hecho pública una dura crítica de una persona quien en un tuit cargado de una honestidad brutal decía que, llevaba un año viviendo en Asunción, “puedo decir de primera mano que el transporte público de Paraguay es el PEOR de Latam”. Aquel comentario comparaba el vagón de un metro, con un colectivo averiado en Asunción, mientras era empujado por los pasajeros.
Desde entonces, el Gobierno ha capeado varias amenazas de paro del servicio por parte de los empresarios del ramo e incluso han formulado la promesa de una reforma del servicio. La realidad de la calle, sin embargo, no muestra cambio alguno.
A diario se pueden ver los buses en muy mal estado, parados en la calle tras haber sufrido un desperfecto y habiendo dejado a sus pasajeros a la deriva; muchos de estos desperfectos mecánicos se deben a la falta del mantenimiento. Hubo incluso accidentes provocados cuando una de estas unidades tuvo problemas de frenos o perdieron una rueda, o se incendiaron en plena marcha.
Otra queja frecuente de parte de la población usuaria se refiere a que los denominados buses diferenciales, por cuyo servicio se cobra más caro el pasaje, ya están convertidos en verdaderas chatarras, pues ya cumplieron su vida útil y circulan sin aire acondicionado, también por la falta de mantenimiento. Viajar en estas unidades no solamente supone incomodidad para el pasajero, sobre todo supone un riesgo.
De acuerdo con la explicación de las autoridades, la vida útil establecida para estas unidades es de solo ocho años, pero la mayoría de las que cuentan con acondicionadores de aire ya son del 2015.
Datos del Viceministerio de Transporte señalan que hay solo 1.665 buses circulando, el 75% equivale a 1.885 unidades para mitigar la demanda del servicio, ya que hay unos 220 colectivos que están fuera de circulación. Recientemente, consultado por Última Hora, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, afirmó que está prevista la incorporación de aproximadamente mil nuevos buses al sistema en los próximos años, lo que permitiría mitigar la demanda de pasajeros de la capital y el área metropolitana. También volvió a referirse a la implementación de buses eléctricos para el servicio nocturno, así como también aludió a una serie de innovaciones tecnológicas destinadas a modernizar el sistema de movilidad urbana. La iniciativa, según el funcionario, permitirá ofrecer un servicio continuo durante la noche y la madrugada, facilitando el traslado en horarios no convencionales. Frente a la realidad que se observa en las calles, y considerando el verdadero vía crucis del usuario, estas palabras parecen solamente promesas que nunca se cumplen. Las autoridades no asumen que el transporte público es un servicio esencial para la población.
Para resolver el problema de la movilidad, los paraguayos hacen sacrificios comprando autos o motocicletas, cuya profusión llena las calles y avenidas generando caos en el tráfico, y con la consecuencia de la contaminación por el combustible.
El pésimo servicio es consecuencia de la impunidad de quienes manejan el negocio del transporte público que no es considerado un servicio esencial, y, por otro lado, por la falta de compromiso de las autoridades para con la ciudadanía. Los usuarios que dependen del servicio sufren maltratos, reguladas, accidentes y humillaciones, están abandonados a su suerte por autoridades de las instituciones del Estado que faltan a su deber de trabajar por el bienestar de los ciudadanos.
