La cercanía de unas elecciones está motivando a la mayoría colorada en el Congreso a introducir modificaciones relámpago al Código Electoral. Esta vez, lograron la flexibilización de los controles del uso del dinero en campañas electorales. La maniobra es vista por los partidos de oposición como una estrategia para mantener los votos duros en las elecciones. Es un peligroso retroceso que puede conducir a un descontrol y a la impune irrupción del dinero sucio en la política, lo cual sería un atentado contra la misma democracia.
Considerando que la normativa existente para el control del financiamiento político dejaba espacios para la irrupción del dinero proveniente de actividades ilegales, lo que hizo recientemente el Senado es un acto irresponsable.
En una sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores sancionó dos reformas al Código Electoral, ambas impulsadas por el sector colorado-cartista y que no puede dejar de interpretarse como un atropello a la democracia.
La primera modificación permite a ciudadanos inscriptos después de las internas partidarias que puedan votar en las elecciones generales. El segundo punto realiza varios cambios a la Ley de Financiamiento Político, entre ellos, que candidatos a cargos partidarios no presenten rendiciones de ingresos y gastos de campaña.
En este punto simplificaron el proceso relacionado a las declaraciones de ingresos y gastos de campaña que regula la Ley de Financiamiento Político. De hecho que el proyecto excluye la obligación de hacer declaración de ingresos y gastos de campaña e intereses económicos vinculados a los candidatos que pugnan por cargos partidarios, con el argumento de que “no administran recursos del Estado”. Irónicamente, el oficialismo y sus aliados liberales afines al coloradismo cartista fustigaron al bloque opositor por su ausencia, llamándolos “no democráticos”.
En las elecciones internas previas a las generales del 2023, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Seprelad tenía un convenio con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, TSJE, para detectar el flujo de dinero de presumible origen ilícito en el marco de las campañas electorales. Para ello contaron con un reglamento para la prevención de lavado de dinero, por parte de partidos políticos, alianzas concertaciones para el seguimiento del movimiento de dinero en el proceso electoral. Este reglamento obligaba a conocer al benefactor, aportante sobre el monto, origen o respaldo documental del dinero entregado para las campañas electorales.
El país no puede bajar la vara en el control de la irrupción del dinero sucio en la política. Estas modificaciones constituyen un grave retroceso, pues los políticos en vez de mejorar la ley que regula el financiamiento, incluyendo por ejemplo la trazabilidad del dinero, la van debilitando.
Hace un par de años, desde el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) se alertaba sobre la vinculación de políticos y autoridades con el narcotráfico y que esto podría generar una fractura del Estado. En este escenario, las estructuras delictivas se estarían convirtiendo en un poder paralelo al oficial y generarían un grave peligro.
Por todo esto, es absolutamente necesario tener un control minucioso sobre el dinero que usan los políticos en las campañas internas, así como poder contar también con la trazabilidad y el origen de esos recursos.
Asimismo, no se debe renunciar al reclamo de que las autoridades promuevan la participación electoral, haciendo más accesible el voto, determinando la gratuidad del transporte gratuito en día de elecciones, para evitar que ningún elector deba ser “arreado”, como tristemente se ve en cada elección actualmente, arreados por punteros y seccionaleros.
Es preocupante la decisión parlamentaria que deja abierta la puerta para el uso del dinero de dudosos orígenes en campaña electoral, cuando deberían estar estudiando formas de mejorar precisamente los controles para evitar que el dinero utilizado en las elecciones –desde las internas de los partidos–, provenga del crimen organizado y la narcopolítica, pues eso supone un peligro para nuestra soberanía y nuestra democracia.
