Opinión

El reto ante la Transformación Educativa

Gustavo A. Olmedo B Por Gustavo A. Olmedo B

Nuestro tiempo está marcado por realidades difusas. Cuesta encontrar franqueza, transparencia y honestidad. Pero no solo en el campo político o comercial sino también en las relaciones personales. Fácilmente terminamos cuidando más nuestra imagen personal o profesional antes que preocuparnos por afirmar la verdad con toda claridad y respeto.

En el plano político o ideológico la cuestión es más compleja. Allí, por lo general, entran en juego aspectos económicos, la proyección electoral partidaria, quizás un proyecto político o un programa gubernamental de interés. Cuanto más intereses y realidades están en juego más complicado resulta transitar el camino de la verdad y la transparencia. El diálogo franco parece imposible.

Algo de esto se percibe en el tema del Plan de Transformación Educativa y el convenio de financiación de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay.

Los grupos de padres y organizaciones cuestionan la iniciativa y el proceso, presentan objeciones, exponen sus críticas y solicitan cambios, se manifiestan públicamente, etcétera. En tanto, los representantes del Gobierno, en este caso, del Ministerio de Educación, siguen con la iniciativa, como si toda esa manifestación no pudiera ser atendida, toda crítica es una falsedad y la movilización a nivel nacional de tantos padres, docentes y grupos religiosos no fuera tan importante.

Algo no funciona cuando sectores distintos exponen sus argumentaciones, incluso en espacios compartidos, como la audiencia pública, y luego nada cambia. Todo queda en puro formalismo. ¿Es posible diálogo honesto, transparente y verdadero en este tema?

En un tema nacional de relevancia como es la educación urge asumir las críticas que pudieran ser válidas, responder las objeciones, tomar acciones concretas, considerar si en algo se está fallando. Hablar de frente y claro, sin medias tintas. Por de pronto, está claro que un gobierno no puede desatender el reclamo y la preocupación de tantos ciudadanos que piden que el plan vuelva a fojas cero.

Si el proceso está viciado de legalidad y legitimidad como afirman las organizaciones y los que fueran integrantes del Comité Estratégico ¿Es posible revertirlo? Si hay denuncias sobre artículos de la Constitución y de la Ley de Educación que son violentados con el proyecto ¿No habría que tomarlo en consideración y aclararlo uno por uno?

Si los ejes transversales ponen en riesgo la incorporación de la cuestionada ideología de género y sus subtemas ¿No habría que volverlo a revisar en forma conjunta?

Una cosa también está clara; hay preocupación de estos sectores porque es sabido que los organismos internacionales que apoyan financieramente esta iniciativa son firmes defensores de dicha ideología en Europa, así como promotores de prácticas como la eliminación de niños en el vientre materno en sus respectivos países, exponiéndolos como derechos humanos, al igual que impulsores de la cuestionada agenda LGTBI, que entre otras cosas favorece la hormonización de los niños.

Además, estas prácticas también son promovidas por varias ONG que operan en el país, y algunas de ellas trabajando directamente con el Ministerio de Educación y el de la Niñez y Adolescencia. A esto habría que agregar que nadie regala millones de euros gratuitamente. Es una realidad. Es decir, hay una desconfianza que tiene sustento y merece ser considerada por las autoridades que fueron elegidas por esta gente.

Abrir la posibilidad de construir relaciones y un verdadero diálogo en una sociedad de la desconfianza no es cosa fácil. Es un verdadero reto, pero muy necesario. No existe otro camino para avanzar. Es necesario evitar los callejones sin salida. Cada uno deberá poner de su parte, mientras que las instancias de poder tienen la obligación de realizar todo el esfuerzo y las gestiones requeridas para generar mecanismos reales de participación y asumir los cambios necesarios. Lo que está en juego no es poca cosa. El sacrificio vale.

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