El primer ministro británico, Boris Johnson, suele utilizar la expresión “pacto al estilo australiano” como eufemismo para referirse a la opción nuclear de un Brexit abrupto, una vía que según la mayoría de economistas sería especialmente dañina para las finanzas del Reino Unido.
Esta semana ha insistido en que está dispuesto a adoptar ese modelo el próximo 31 de diciembre si Bruselas no hace concesiones en ámbitos como el reparto de cuotas pesqueras y las normas sobre ayudas estatales que los veintisiete exigen cumplir a cambio de un acceso favorable a su mercado de 450 millones de personas.
El mandatario conservador ha descartado hace tiempo una asociación más ambiciosa con la UE como la que mantiene Noruega, que hace aportaciones al presupuesto comunitario y cumple gran parte de las normativas europeas para poder acceder sin restricciones al mercado único.
Estas son las principales características de los posibles modelos:
Acuerdo a la canadiense
En 2017 comenzó a aplicarse de manera provisional el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá, conocido como CETA, que elimina la mayoría de los aranceles en el intercambio de mercancías, aunque no todos -se mantienen, por ejemplo, para la carne y los huevos-.
El acuerdo amplía las cuotas comerciales entre ambos territorios, si bien tampoco las elimina por completo.
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Bajo un marco similar, el Reino Unido dejaría de pagar contribuciones al presupuesto comunitario y retomaría el control de la inmigración, entre otros aspectos que quiere primar Johnson, pero se vería obligado a establecer controles fronterizos y otras barreras comerciales que no han existido entre ambos lados del canal de la Mancha en las últimas décadas.
Uno de los puntos más problemáticos de esta opción es que no contempla acceso mutuo para los servicios financieros, uno de los principales pilares de la economía británica.
Los negociadores del Reino Unido han utilizado términos como “Canadá plus”, o incluso “súper Canadá plus”, para hacer referencia a un acuerdo de libre comercio que incluya facilidades para que la industria financiera británica continúe operando en el resto del continente.
Pacto a la australiana
Australia no tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, sino únicamente un Acuerdo Marco de cooperación, tan estrecho que obliga a ambos territorios a que la mayoría de sus intercambios se rijan por las reglas genéricas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
En la práctica, este modelo implica anular casi por completo la cooperación comercial entre el Reino Unido y la UE que ha estado vigente durante los últimos cuarenta años.
Las exportaciones e importaciones británicas estarían sujetas a aranceles, las empresas del Reino Unido no tendrían acceso preferencial al mercado único y los bancos británicos perderían su derecho a operar en la Unión.
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Entre otros efectos, un arreglo de esas características podría disparar los precios de los automóviles y algunos alimentos como el queso, la leche y la carne en el Reino Unido, además de dificultar el funcionamiento de las industrias ubicadas en las islas británicas con cadenas de montaje que dependen de que sus piezas crucen la frontera sin fricciones.
El modelo descartado de Noruega
Johnson antepone la capacidad del Reino Unido para legislar sin intromisiones externas en ámbitos como inmigración, pesca y subsidios estatales a mantener abiertas las aduanas con la Unión Europea.
Por ese motivo, desechó desde que llegó a Downing Street la posibilidad de asociarse al mercado único como un país externo, como ha hecho Noruega, que pertenece al Espacio Económico Europeo (EEE), pero no a la UE.
Oslo hace sustanciales aportaciones al presupuesto comunitario y está obligada a cumplir gran parte de las regulaciones europeas a cambio de un acceso comercial sin restricciones, algo que el primer ministro británico ha descartado de plano.
