–¿Cómo evalúa la situación económica actual del Paraguay, considerando el contexto regional de menor crecimiento?
–La evaluación en general es positiva, aunque con ciertos aspectos que deberíamos monitorear. La economía mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido por encima de su tendencia normal desde el 2023, con una expansión promedio superior al 4,5% entre el 2023 y 2025, lo que resultaría en una mayor capacidad de consumo de los hogares. Esto se refleja en una buena creación de empleo y posiblemente en una mejora de los indicadores sociales. Aunque hay que monitorear la evolución de los ingresos laborales, que aún muestran cierta debilidad en términos del poder adquisitivo.
Este crecimiento por encima de la tendencia es un comportamiento esperable, dado que entre el 2018 y 2022 la economía creció por debajo de su potencial por motivos conocidos, como la pandemia. En dicho periodo, la producción y las ventas estuvieron por debajo de la capacidad plena, lo que ahora se estaría recuperando. La expansión actual se trata de un crecimiento impulsado por el comercio, los servicios y la construcción, con una dinámica positiva importante de la inversión privada.
Esto último sugiere que el potencial productivo del país podría estar creciendo, lo cual requiere además mejoras de la productividad laboral, que es uno de los grandes desafíos. Este crecimiento viene acompañado de un mayor déficit entre las exportaciones y las importaciones, que se conoce como el déficit de la cuenta corriente, que de vuelta podría superar el 4% del producto interno bruto (PIB). Esto podría significar que el crecimiento es impulsado por mayor gasto y créditos externos, lo que debe ser monitoreado.
–Desde su visión, ¿cuáles son hoy los principales desafíos estructurales que enfrenta la economía paraguaya para tener un crecimiento sostenible diversificado?
–Uno de los desafíos centrales es el energético. Las proyecciones indican que el consumo de energía eléctrica superaría la disponibilidad en el año 2030. Y una economía que crece a un mayor ritmo necesita más energía, con lo cual el consumo de energía podría crecer más y así agotarse la energía disponible antes del 2030. En cuanto a la infraestructura, persisten limitaciones en la red de caminos pavimentados, una baja cobertura del alcantarillado sanitario y pérdidas en materia de distribución de la energía eléctrica. Solo en estos tres sectores se estiman necesidades de inversiones anuales del orden aproximado del 5% del PIB, con el fin de reducir las brechas de infraestructura. Más allá de todo lo anterior, el principal reto es elevar el capital humano, es decir, elevar la producción por trabajador. Un trabajador paraguayo produce en promedio poco más de la mitad de lo que produce un trabajador costarricense o un chileno.
Esto requeriría mejorar la eficiencia del gasto público en educación, reorientando el énfasis hacia la educación inicial, cuya inversión genera efectos positivos en la etapa laboral activa. También relacionado con el capital humano, la transición poblacional es el otro gran desafío, con una población que demandará más servicios de salud pública y cobertura de la seguridad social en materia de jubilaciones. Se necesitan reformas en el ámbito del sistema de salud, jubilaciones y fiscal, que permitan que estas demandas de las personas sean atendidas. Por otro lado, es oportuno mencionar que hay muy buenas perspectivas en cuanto a la radicación de inversiones, especialmente ante la posibilidad de instalación de una planta productora de celulosa, lo que permitiría diversificar la matriz productiva, generar más ingresos y divisas para el país.
–¿Qué ajustes considera necesarios para preservar la sostenibilidad fiscal? ¿Cómo observa la deuda pública, compuesta en parte por el déficit de la Caja Fiscal y el mayor gasto en repago de deudas?
–Las presiones por mayor gasto público son habituales en los momentos de discusión del presupuesto, las cuales pueden ser particularmente intensas en tiempos de ajuste, donde se busca bajar el déficit fiscal. Debe reconocerse el esfuerzo de la convergencia hacia el déficit fiscal del 1,5% del PIB, meta que se alcanzaría en el siguiente ejercicio 2026. Ojalá que posteriormente se propicie algún debate sobre los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal, en el sentido de generar más ahorro público que permita financiar parte de las inversiones que necesita el país. Actualmente, los datos muestran que la mejora en la recaudación –explicada en parte por la reforma del 2019– y por las mejoras en la eficiencia se han destinado al crecimiento de los gastos rígidos, que serían los gastos en salarios, intereses de la deuda y las jubilaciones de los funcionarios públicos. A la par se ha observado una caída significativa de la inversión pública. Si bien estas mejoras de la recaudación pueden ser duraderas, un mayor gasto rígido podría comprometer el cumplimiento de las metas fiscales hacia delante. Y un ajuste fiscal a costa de inversiones tiene costos en el sentido de ampliar las brechas de infraestructura. En cuanto a la deuda pública, hay un escenario propicio para la profundización del mercado local de títulos de la tesorería, lo que es conveniente para el desarrollo del sistema financiero. En este mismo orden, el repago de capital de la deuda pública con nuevas emisiones normalmente resulta en mejoras del perfil de la deuda, en cuanto a la extensión del plazo de vencimientos y los costos en cuanto a los intereses. Respecto al déficit de la Caja Fiscal, su corrección es fundamental para la sostenibilidad de las jubilaciones del sector público, al tiempo que devolvería margen de maniobra al Fisco, al liberar al menos parcialmente recursos de la recaudación tributaria. Sin embargo, sería oportuno abordar una reforma integral que incluya a las demás cajas de jubilaciones, que permita que más trabajadores puedan acceder a la jubilación.
–¿Cómo puede lograrse un mayor vínculo entre crecimiento y reducción de la pobreza?
–La política pública puede ayudar a mejorar la situación social, lo que puede reforzar los efectos positivos del crecimiento económico. La estabilidad de precios y el crecimiento han realizado una contribución significativa en la baja de la pobreza. Ahora, eso tiene un límite. Considero que las reformas mencionadas en la red de protección social, el sistema de jubilaciones, la reforma educativa con énfasis en la educación inicial son elementos que pueden ayudar a generar mejoras hacia delante. Asimismo, mejorar la progresividad del sistema fiscal podría ayudar. Esto es mejorar la focalización del gasto público e inversiones en los segmentos de la población más vulnerables, y eventualmente mejorar la equidad de los impuestos directos. En ese sentido, hay que considerar que el programa Hambre Cero y la universalización gradual del programa de adultos mayores tendrían un efecto positivo en los indicadores sociales.
–¿Qué ejes de trabajo priorizará en Dende desde su posición como economista jefe, y cómo planea que la organización contribuya al debate económico y de políticas públicas en el país?
–La Fundación Desarrollo en Democracia (Dende) busca contribuir al desarrollo del país, con diálogos y capacitaciones sobre la economía, las políticas públicas y el liderazgo, todo lo cual apunta a un crecimiento con inclusión social, el fortalecimiento institucional y de la democracia, promoviendo así una ciudadanía más participativa. Desde mi rol de economista jefe, trataré de contribuir aportando evidencia en el análisis de la economía y de las políticas públicas.
