“Eso es una reforma económica, el impacto presupuestario es nulo. Yo creo que aquí se han equivocado de enemigo. El verdadero enemigo del Perú es la informalidad, que nos está matando el paso a la modernidad”, declaró Kuczynski al Canal N de televisión desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU.
El gobernante enfatizó que el paquete de medidas enviado por el Ejecutivo no impactará en el presupuesto estatal del próximo año, al contrario de lo que indicó la congresista fujimorista Cecilia Chacón al justificar la decisión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.
Chacón, que preside esa comisión, había asegurado que la petición del Gobierno incluye un cambio en el marco macroeconómico multianual del 2017 que, según dijo, “obviamente tiene injerencia en el presupuesto” que se discute actualmente en el legislativo.
Kuczynski señaló que el tema aún debe ser visto por “otras comisiones importantes también” y remarcó que su intención es “seguir adelante con un plan de reformas que todo el mundo está mirando.”
“Yo por eso sigo insistiendo”, añadió antes de recordar que el Congreso “le extendió facultades al presidente (Ollanta) Humala mucho más amplias” de las que él está pidiendo, por lo que consideró que “es el deber del Congreso gobernar con responsabilidad”.
Kuczynski anunció, sin embargo, que si no obtiene las facultades legislativas solicitadas ejecutará otra estrategia.
“El plan B son reformas menores y nos estamos disparando al pie. Perú, poder legislativo, despiértate, eso es lo que yo les diría”, enfatizó.
El Ejecutivo peruano solicitó hace dos semanas al Congreso facultades para legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de la petrolera estatal Petroperú.
Además de la decisión de la comisión de Presupuesto, el martes la comisión de Justicia del Congreso, que está dominado por el fujimorismo, con 72 de los 130 escaños, también rechazó otorgar facultades al Ejecutivo para legislar en el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se encarga de detectar actividades ligadas al lavado de activos.
La decisión, adoptada con los votos de los parlamentarios fujimoristas, motivó críticas contra Keiko Fujimori, la líder del partido Fuerza Popular, que en la pasada campaña electoral prometió el apoyo total al fortalecimiento de la UIF.
