En términos racionales, los políticos son los que sintonizan con los reclamos y aspiraciones de los ciudadanos, dándoles respuestas prácticas y oportunas. Eso significa que están muy atentos a las coyunturas y a sus demandas para acompañar aquello que ha ser beneficioso para todos.
Es harto sabido, sin embargo, que la clase política paraguaya muy a menudo rema contra la corriente de las inquietudes de la gente y actúa solo en beneficio propio. Esa conducta insensata en la que privilegian sus intereses particulares por encima de los colectivos suele ser cotidiano para ellos.
La Ley del Financiamiento Político que el Parlamento derogó establecía que el dinero del subsidio electoral que corresponda “a los partidos políticos, movimientos políticos y alianzas deberá ser íntegramente entregada a ellos una vez aprobada su rendición de cuentas”, de acuerdo a las disposiciones de control vigentes. Esos fondos a los que aludía la legislación son los que corresponden a los aportes anuales.
El desembolso del Ministerio de Hacienda estaba supeditado a que los grupos políticos detallaran minuciosamente el destino de los fondos que les fueron entregados. Si no lo hacían, el subsidio quedaba retenido hasta tanto presentaran en forma lo que se les requería.
Lo que establecía la ley era lo correcto: sobre cualquier fondo público, quien quiera que sea el que lo utilice, tiene que haber una rendición de cuentas. Es inadmisible lo contrario.
Ahora, sin embargo, los senadores y diputados hacen retroceder al Paraguay al modificar los términos de la ley y reemplazarlos por otros a través de los cuales los partidos o movimientos políticos no deben rendir cuentas de la forma en que utilizaron los fondos públicos que les fueron acreditados. Lo usan a su antojo y punto.
Los parlamentarios han actuado con displicencia y cierta autoindulgencia, considerándose dueños del aporte de los ciudadanos a través de los impuestos. Por ello, se asignan un privilegio inadmisible que le enrostran a los verdaderos propietarios de los fondos que reciben.
Su actitud refleja que nada han aprendido de las lecciones de la Contraloría General de la República y de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). El uso discrecional de los fondos públicos fue el principal cuestionamiento a sus administradores que hoy están investigados por la Fiscalía.
Los legisladores no han tomado nota de que la ciudadanía quiere transparencia y honestidad en el manejo de los fondos que aporta al Estado para que el país funcione. Con esa nueva afrenta al pueblo paraguayo han vuelto a extralimitarse en el poder que les concede la Constitución.
El presidente Horacio Cartes tiene que vetar esa ley que a todas luces va en contra del deseo de un manejo transparente, racional y honesto del dinero de los ciudadanos. Así evitará que los partidos políticos, una vez más, usen su poder para beneficiar a sus propios intereses.