El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, viaja hoy Costa Rica, país sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para participar del juicio oral contra el Estado paraguayo por desaparición forzada y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí, que tendrá lugar mañana jueves.
“Yo no quiero pagar ni un solo guaraní a estos secuestradores, porque el daño es más moral que económico”, señaló Abdo, quien ayer estuvo en Villarrica donde realizó la verificación de 40 viviendas sociales y luego se trasladó a la compañía Costa Mbocayaty donde participó del festejo del cumpleaños del gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera Báez.
La audiencia convocada para mañana por los magistrados de la Corte IDH será para escuchar a los testigos de las partes. Por el lado de los peticionantes, está previsto que declare Juan Arrom, por teleconferencia vía Skype. Además de su hermana Cristina Arrom, el periodista Aníbal Emery, el ex defensor del Pueblo Raúl Marín. También son testigos Anuncio Martí, María Auxiliadora Arrom de Orrego, Carmen Emilia Arrom de Cabello, Carmen Marina Arrom, María Cristina Martí Méndez, Marta Ramona Martí de Páez, Esperanza Martínez, Carlos Portillo, Mario Torres, Víctor Antonio Colmán, Liz Larriera, Gloria Elizabeth Blanco y Elena Méndez viuda de Martí. Algunos de ellos ya testificaron por escrito, vía escribanía.
Por el lado del Estado los testigos serán el agente de la Fiscalía Édgar Sánchez, quien formó parte del equipo que investigaba el secuestro, y el ex fiscal general del Estado Óscar Germán Latorre.
No obstante, el equipo de abogados, encabezado por el procurador general de la República, Sergio Coscia, consideró pertinente que asistan a la audiencia víctimas de secuestro en nuestro país. Entre ellos, María Edith Bordón de Debernardi, en cuyo secuestro se le involucra a Arrom y Martí, que aún no han respondido al respecto ante la justicia paraguaya, porque se hallan en el Brasil, como refugiados políticos.
El Gobierno rechaza la intención de Arrom y Martí de una indemnización de 63 millones de dólares que reclaman como supuestas víctimas de secuestro y tortura por parte de efectivos policiales entre el 17 y el 30 de enero de 2002. También pidió a Brasil la cancelación del estatus de refugiados políticos.
