La supuesta irregularidad que subraya el PPQ es que, acabada la intervención, el interventor Aldir Rojas no entregó el cargo al intendente suspendido Óscar Duarte.
Indicaron que los jueces cometieron prevaricato. “Dictaron una medida cautelar en abierta violación al artículo 6º de la Ley 317/1994, que claramente señala que la suspensión de todo intendente electo dura únicamente el plazo de actuación del interventor municipal”, expresa el partido en un comunicado.
El final de la intervención se comunicó el 26 de diciembre pasado, recuerdan, y el Ministerio del Interior recomendó la reposición del intendente.
También la Junta Municipal decidió revocar la resolución que nombraba un intendente interino. No obstante, los dos magistrados, según destaca el PPQ, entregaron la administración municipal a un concejal colorado. “Se debe poner a conocimiento del Ministerio Público y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) lo hecho por estos magistrados”, reclaman.
El PPQ denuncia que la Cámara de Diputados pretende tratar la destitución de Duarte. También denunciaron que el interventor gastó más de G. 800 millones en un corto tiempo.
