El impuesto a la renta personal (IRP) es quizá el impuesto más injusto del sistema tributario paraguayo.
Sostenido por la franja de contribuyentes de menores ingresos y cuyas ganancias provienen de las rentas laborales (trabajo dependiente o independiente), está nuevamente en el foco de la discusión por el inminente tratamiento del proyecto de reforma tributaria. Es que el sector empresarial pidió al Congreso unificar la liquidación de este gravamen para poder arrastrar como hasta ahora las amplias deducciones de las rentas laborales a las de capital (inmuebles, acciones, etc.).
En ese contexto, el Ministerio de Hacienda salió al paso de los cuestionamientos hechos por diversos sectores y dejó nuevamente en evidencia los abusos que son cometidos por la población más rica del país, abusos que, sin embargo, son increíblemente permitidos en las legislaciones en vigencia.
Las estadísticas dadas a conocer por la cartera fiscal muestran que unos 2.600 contribuyentes, que forman parte del listado que gana más de G. 100 millones al mes y tributan sobre rentas de capital, son los que menos aportan dentro del universo de los 105.000 contribuyentes inscriptos en el régimen del IRP. Su contribución, en promedio, es de apenas el 0,01% de sus ingresos.
Por el otro lado, los demás contribuyentes, que tienen una media de ingresos de G. 25 millones mensuales y que su ganancia se sustenta en un puesto laboral, aportan impuestos equivalentes al 1% de sus ingresos.
Para hacerlo un poco más entendible, se puede decir que mientras un contribuyente con una ganancia mensual de G. 100 millones, en un año tiene una ganancia de G. 1.200 millones y su aporte, teniendo en cuenta los datos oficiales, es de G. 120.000. Por el otro lado, un contribuyente con una ganancia mensual de G. 25 millones, en un año tiene una ganancia de G. 300 millones y su aporte es de G. 3.000.000.
En términos comparativos, la ecuación hecha en el párrafo de arriba arroja una conclusión: los contribuyentes más ricos, ganando en promedio cuatro veces más que el resto, tributan 25 veces menos.
Básicamente, lo que estas estadísticas muestran es que bajo la excusa de la formalidad, se construyó un impuesto totalmente ilógico con la bibliografía mundial y que no solo no cumple con su rol de progresividad, sino que desalienta y hasta indigna a los trabajadores de menores ingresos que están atrapados en el régimen.
Los cambios que propone la reforma tributaria, habiendo hecho ese contexto, son pues ineludibles.
Separar las rentas laborales y las rentas de capital permitiendo deducciones solo en la primera categoría, así como la implementación de tasas progresivas vinculadas a una escala de rentas netas (ingresos menos gastos), apuntan a un objetivo de equidad. Es justo que aquellos que más riqueza generan aprovechando las condiciones locales paguen más impuestos y sostengan a aquellos menos favorecidos.
Y ni siquiera es una teoría que viene desde la izquierda radical o no radical. El mismo Fondo Monetario Internacional (FMI), en su misión realizada en febrero, volvió a insistir al Gobierno en la necesidad de cambiar el espíritu formalizador del IRP por uno recaudador como en el resto de la región, tesis que fue apoyada por otro organismo como el Banco Mundial.
Al parecer, un acuerdo político entre los legisladores oficialistas, cartistas y llanistas daría vía libre a la aprobación del paquete tributario, según trascendió en los últimos días. Es importante, no obstante, que este pacto azulgrana respete los fundamentos técnicos de la propuesta y no desequilibre la columna vertebral.
Después de décadas de privilegio a la clase más rica del país, es oportuno que empiecen a darse cambios en la estructura impositiva. El Parlamento, tan criticado últimamente por hechos de corrupción, tiene una nueva oportunidad de legislar para la gente.
