En medio del encendido debate sobre la reforma de la Caja Fiscal, el país vuelve a enfrentarse a una paradoja conocida, todos coinciden en que el sistema previsional necesita una transformación profunda, pero cuando se plantea un primer paso concreto, surgen voces que lo rechazan porque “no es suficiente”. Y es cierto, no lo es. Pero una cosa no quita la otra.
La discusión actual gira en torno a ajustes paramétricos (edad mínima, años de aporte, tope de jubilación, tasa de sustitución) que buscan contener un déficit creciente. Las críticas apuntan a que el proyecto no aborda integralmente todas las aristas del sistema previsional, como la transparencia en el uso de los fondos, la independencia en la administración, la transición hacia un esquema mixto de capitalización individual y componente solidario, o la necesidad de cuantificar con claridad cuánto se ha utilizado de otros sectores para cubrir el rojo financiero.
Sin embargo, reconocer que falta mucho por hacer no debería convertirse en argumento para no hacer nada.
Paraguay llega tarde a esta discusión. Mientras la mayoría de los países de América Latina encaró reformas hace 15 o 20 años, aquí el debate se postergó una y otra vez. Hoy el margen es más estrecho. El déficit no espera a que logremos el diseño perfecto. Los cambios estructurales profundos requieren consenso político, capacidad técnica y, sobre todo, tiempo. Y las reformas previsionales no se construyen de un día para la mañana.
Pretender que todo se resuelva en un único proyecto integral puede sonar ambicioso, pero en la práctica termina siendo funcional a la inacción. Es más sencillo magnificar el problema, exigir la solución total y, ante la ausencia de esta, rechazar cualquier avance parcial. Es una estrategia política cómoda porque se preserva la pureza del discurso mientras el sistema continúa usando recursos de todos.
Mi pregunta es: Si existe conciencia generalizada de que se requieren transformaciones estructurales, más transparencia, mejor gobernanza, un rediseño del modelo, ¿por qué rechazar los parámetros básicos que pueden corregir distorsiones evidentes y ganar tiempo para discutir lo demás?
Establecer una edad mínima razonable, fijar reglas claras sobre el cálculo del haber jubilatorio y definir límites que hagan sostenible el sistema no contradice la necesidad de avanzar hacia una reforma integral. Al contrario, es la condición mínima para que esa reforma sea viable. La sostenibilidad financiera es el piso para cualquier rediseño futuro.
Transparentar los fondos y el uso histórico son indispensables. Independizar la administración para evitar interferencias políticas también. Evaluar un esquema mixto que combine capitalización individual con solidaridad intergeneracional merece un análisis serio. Cuantificar con precisión cuánto se ha transferido desde otros sectores para cubrir otros gastos es una obligación, pero nada de eso elimina la urgencia de ordenar los parámetros actuales.
No se trata de elegir entre reforma parcial o reforma estructural. Se trata de entender que ambas pueden y deben convivir en una hoja de ruta clara, con etapas definidas y metas verificables. Primero, estabilizar. Luego, transformar. Primero, asegurar sostenibilidad básica. Después, rediseñar gobernanza y modelo. Si algo demuestra la experiencia regional es que las reformas previsionales exitosas fueron graduales, acumulativas y políticamente trabajadas. No nacieron perfectas. Se ajustaron y se seguirán ajustando en el camino.
