El voto a favor de la desaprobación no contó con el aval de la bancada oficialista que alegó que la oposición tiene un discurso parlamentario contrario al que mantiene en la mesa del diálogo político que se inició el pasado 30 de octubre entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus adversarios.
Sin embargo, este decreto fue prorrogado por el Ejecutivo el domingo pasado sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) como lo exige la Constitución.
El diputado opositor Luis Emilio Rondón pidió votar contra esta prórroga al señalar que en estos diez meses se ha dado “la reiteración de una política económica errada” y “la situación económica y social de Venezuela se ha deteriorado significativamente en términos de caída de la actividad económica” y “exacerbación de la inflación”.
También señaló que es evidente “el deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios, pensiones y jubilaciones, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, y otros males originados por una política oficial estatista, rentista y destructora de la propiedad nacional”.
Rondón resaltó que, de acuerdo con la Constitución, los decretos de emergencia solo duran dos meses y solo se pueden prorrogar por dos meses más por lo que esta quinta extensión sería un evidente acto ilegal.
“No se ha dicho, no se ha aclarado, cuál es el fondo real de ese decreto (...) el fondo real de ese decreto es eludir los controles constitucionales sobre el gasto público”, aseguró.
Por su parte, el diputado oficialista Héctor Rodríguez recordó que uno de los acuerdos a los que se ha llegado en el marco del diálogo político que acompañan la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano es “trabajar en conjunto para combatir el sabotaje económico”.
“Creo que el tema que estamos discutiendo tiene mucho que ver con lo que se firmó y se acordó en esa mesa de diálogo (...) hay una incoherencia entre lo que allí firmaron y algunos discursos de ustedes acá, hay incoherencia, debe haber mayor coherencia política, por el bien del diálogo y por el bien del país”, dijo Rodríguez.
El legislador opositor Alfonso Marquina dijo que “verdadero boicot” sería aprobar instrumentos jurídicos como este decreto “que lo único que hacen es generar inseguridad y con ello incertidumbre y ahuyentar la inversión privada tanto nacional como extranjera”.
En este sentido acusó al Gobierno de Maduro de “concentrar todos los poderes para seguir generando pobreza” y señaló que el decreto es “una agresión económica” pues “lo que hace es empobrecer cada día más al pueblo de Venezuela”.
El llamado Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica ha sido rechazado por la Cámara desde que Maduro lo declaró en enero pasado, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha ratificado su “constitucionalidad” tras cada prórroga.
La declaración de la emergencia económica permite a Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
