Tanto en las carreras de las ciencias básicas como de las ciencias aplicadas, los rubros destinados a la investigación son absolutamente insuficientes. El Paraguay es el país que menos invierte en la región en ciencia y tecnología. La inversión local apenas llega al 0,06 por ciento del producto interno bruto (PIB), muy por debajo del promedio en Latinoamérica, que es del 0,69 por ciento.
Ese bajísimo porcentaje se mantiene a pesar de los pedidos de aumento de los presupuestos de las universidades públicas y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Los incrementos se otorgan, pero luego son los primeros en sufrir los inconsultos recortes.
Este déficit en el financiamiento de las investigaciones revela una cultura acientífica dominante en el Estado y en la sociedad. La evidencia de este escaso financiamiento está en el hecho de la multiplicación de las universidades y en la geométrica desproporción de las investigaciones que producen.
Con certeza, sin conocimiento científico y tecnológico, el país no podrá desarrollarse. Más aún en la Era del Conocimiento en que estamos. El capital humano para el desarrollo ya no depende de las habilidades manuales. Sí del saber científico y tecnológico, así como de la reflexión lógica y crítica.
Es que todo pasa por el dominio de las ciencias física, química y biológica, además de las llamadas ciencias humanas, para la producción industrial, el mejoramiento de la productividad, la innovación tecnológica, el conocimiento de las realidades sociales, la preservación del ecosistema, la bioética y la evolución hacia la propia calidad de la vida humana.
Este es el mundo de la modernidad. Y nos condenamos a estar fuera de él, en el anacronismo respecto a estos saberes. De ahí que resulta imperativo que nuestras universidades no solamente se dediquen a la formación profesional -la mayoría en un nivel deplorable-, sino también a la científica y tecnológica.
Pues, por una parte, el Paraguay necesita contar con una comunidad científica, dedicada a las investigaciones y a la docencia, sumándose a la producción de conocimientos. Para eso hay que evaluar y acreditar a las universidades según estándares universales de calidad y de pertinencia. No simplemente habitarlas para hacer negocio y comercializar la educación, tal como viene ocurriendo. Y lo peor, para la frustración de la inmensa mayoría de los egresados.
El Conacyt tiene un Programa Nacional de Incentivo a Investigadores, conocido como Pronii. Es un avance. Pero hace falta articulación sistemática -como se hace en la Argentina, por ejemplo- con las universidades. Para calificar los programas y coordinar las investigaciones. Esto, según las necesidades de desarrollo del país. A ese efecto, la ley también debe establecer su vinculación académica.
La viabilidad del país depende de la inversión en ciencia y tecnología. Y eso exige algo más que informatizar la educación. Fundamentalmente, hay que instalar en su seno el aprendizaje teórico -saber pensar- y la producción científica. De lo contrario, seguiremos en el pasado.