Por Gustavo Ortiz G.
gusortiz@uhora.com.py
Lucrar ilícitamente con las necesidades de los humildes campesinos, de los que no tienen empleo, de los desamparados, es uno de los delitos más graves que se cometen en este país. Y es lo que sucedió, por ejemplo, en el plan algodonero, en el que un grupo mafioso metió la mano para robar.
El exceso de corrupción es el hecho por el que más se le conoce al Paraguay en el exterior desde hace años, y la seguidilla de situaciones que continúan ocurriendo en ese sentido afectan fuertemente a la economía y a la sociedad en general. Es uno de los principales factores que hacen que la nación no pueda progresar de una forma acelerada y equitativa.
Es, precisamente, ese apabullamiento inmisericorde que padece la comunidad de parte de los mafiosos lo que les obliga a cada vez más paraguayos a abandonar el país, en busca de trabajo.
De haber sido este un Estado donde las leyes son aplicadas igualmente para todos, de existir previsibilidad jurídica, de tener autoridades que trabajan para la ciudadanía y no solamente para sí mismos, que no roban, que no pidan coimas, este territorio no iba a estar expulsando más a tanta gente, agobiada por el desempleo y la inexistencia de perspectivas de que la situación pueda mejorar y les permita una oportunidad de vivir dignamente en su propia tierra.
El gran hurto cometido a través de la importación y distribución de semillas de algodón es uno de los últimos casos acontecidos en el seno de la administración pública que avergüenzan a la población, y nuevamente están sospechados e investigados funcionarios de confianza del Gobierno.
El negociado de las simientes de algodón, que causa un perjuicio directo de unos 13.000 millones de guaraníes al erario, según revelan las investigaciones hechas por periodistas de este diario, es, sin embargo, apenas una punta del ovillo de un maremágnum de situaciones irregulares que marginan al Paraguay de numerosas posibilidades de recibir más proyectos de inversión que lo empujen hacia su crecimiento real.
Un informe recibido ayer de la ONG Inecip dice que en promedio hay una denuncia cada dos días acerca de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, lo cual está registrado en el Sistema de Protección al Denunciante.
Así las cosas, la conclusión a la que llegamos es que este país está siendo apatukado –de la palabra guaraní apatukar, popularizada recientemente por el presidente Duarte Frutos y que significa algo así como poner entre la espada y la pared a alguien– por gente inescrupulosa que ocupa cargos importantes en el engranaje de la administración política, y sus cómplices, que son ciertos personajes del sector privado. Algún día esto acabará.