Se trata de un negocio ilícito que se surte del gran tráfico comercial que desde Argentina navega hasta el Departamento de Ñeembucú (Sur) desde la Hidrovía Paraná-Paraguay, que posibilita la salida y entrada de productos del país sudamericano, sin litoral.
Y de una actividad semitolerada y conocida en ese departamento, donde los “vampiros” funcionan como pequeñas empresa con capacidad para descargar en una noche 70.000 litros de carburante de una embarcación, dijo a Efe el investigador social y criminólogo Juan Martens.
Las “succiones” de combustible cobraron un giro violento la semana pasada con el asesinato de Celsa Chávez cuando viajaba con su marido en Pilar, la capital del departamento.
La mujer, que meses antes salió ilesa de otro ataque, habría tomado parte en el pasado en ese sistema de ordeño y ahora impulsaba una causa penal en la que involucró en esos delitos a funcionarios de la Marina, la Policía y la Fiscalía de Ñeembucú.
El asesinato se produjo poco después de una entrevista de Chávez a una televisión de Asunción (Telefuturo) que no fue difundida a pedido de la víctima.
De acuerdo con Martens, el ordeño involucra a unas “1.500 personas que viven de manera directa de eso en una población donde la principal industria, la Manufactura Pilar, da empleo a 350”.
Martens situó esa naturalización del ilícito en un departamento que es ya de por sí “un centro logístico para el mercado argentino” del contrabando, tráfico de drogas o de cigarrillos.
Ello desde la posición estratégica de Ñeembucú, en el vértice Sur que delimita con tres provincias argentinas (Formosa, Corrientes y Misiones), en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, el escenario de un robo de combustible que, según Martens, se desarrolla a la “vista de todas las autoridades”.
