Estamos ante un nuevo paradigma (internacional), que resulta de la constante utilización de “drones” por parte de las organizaciones criminales transnacionales generándose un alto nivel de “peligrosidad” a la seguridad pública. Es que, dichos “dispositivos” tecnológicos fueron aplicados (inicialmente) para fines recreativos y/o comerciales, pero tal como se viene exponiendo por los departamentos de seguridad de algunos países, se vislumbra un amplio desarrollo de manera criminal por parte de miembros de organizaciones transnacionales que aplican estos artefactos como medio de transporte de sustancias ilícitas, contrabando y/o ataques delictivos a escala.
Ante ello, estamos ante una incidencia ilícita que ocupa un bajo costo para las organizaciones criminales, así como la facilidad de su adquisición o la capacidad mínima para operarlos a distancia. Así, la utilidad de los drones es (especialmente) atractivo para reducir la exposición directa de sus integrantes, tal como se ha percibido de casos concretos, pues bien, el avance de esta tecnología propicia toda actividad remota.
Ciertamente, ninguna “tecnología” elimina completamente el factor humano, dando cuenta que estos drones deben ser adquiridos, ensamblados, programados, reparados y transportados por una persona. Entonces, estamos ante elementos que deben ser controlados en su recorrido, por lo que, la investigación criminal no debe limitarse al dispositivo incautado.
Es así que estos drones han dejado de ser simples artefactos cotidianos, porque, en la actualidad, permiten cumplir funciones decisivas, tal como los reconocimientos de campo, o una vigilancia estratégica o un ataque directo a fuerzas del orden. Por ende, los últimos datos recolectados por organismos internacionales, nos presentan que estos dispositivos han sido modificados para desarrollar operaciones complejas, lo que ha permitido un riesgo adicional, al decir de ciertos escenarios bélicos desde la operabilidad de las organizaciones criminales.
Por consiguiente, diversos grupos delictivos transnacionales, como cárteles se encuentran empleando estos artefactos para “vigilar” sus territorios bajo la intención de detectar algún movimiento de las fuerzas de seguridad, pero, también se viene implementando para el transporte inminente de “pequeñas” cantidades de sustancias prohibidas. Por otro lado, se aplican como métodos de ataques de explosivos, incrementando la precisión del asalto remoto.
En el mismo sentido, estos drones aéreos permiten una mayor efectividad para el contrabando de mercancías ligeras y de alto valor, sean armas pequeñas, documentos falsificados y/o dinero a través de fronteras, puesto que, ante la posibilidad de realizar un vuelo a baja altura o durante la noche es lo que genera mayor dificultad para la identificación y/o para la aplicación de responsabilidad de los actores. En tanto, se han registrado datos con referencia a que también ha sido aplicado para el seguimiento de algunos miembros de fuerzas de seguridad y/o de potenciales víctimas que posteriormente podrían resultar secuestradas.
Indudablemente, estos instrumentos (drones) se encuentran catalogados a la fecha, para la utilización de ofensiva que se encuentra exponiendo graves riesgos, porque tal como venimos advirtiendo, conforme a un dron “modificado” se puede llegar a transportar explosivos u otros objetos peligrosos y dirigirlos contra personas, edificios, vehículos o infraestructuras específicas. Asimismo, se revela una clara disminución de riesgos para los miembros de grupos criminales, porque ya no se exponen, y a su vez permite el anonimato de sus intervenciones irregulares e inclusive logran que los ataques se combinen mediante “varios” dispositivos, logrando saturar los sistemas de defensa.
Definitivamente, los drones permiten operaciones delictivas, considerando la capacidad de carga, así como los equipos que se pueden incorporar a dichos artefactos sin la exposición inmediata de los integrantes de la organización transnacional. Por lo tanto, aunque pueda ocupar mayor costo y complejidad, resultan atractivos para el narcotráfico regional, el contrabando de armas y el traslado clandestino de mercancías.
