La Expo 2008 de Mariano Roque Alonso, la mayor muestra del país, baja el telón mañana, tras quince días de intensas jornadas. El evento, organizado por dos de las principales agremiaciones empresariales de nuestro medio: la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), puso de manifiesto, y a juicio del público en general, el otro país que se destaca y se sobrepone sin claudicaciones a los eventuales contratiempos que sobresalen y amenazan su continuidad en el horizonte económico. Este obstinado empecinamiento por el trabajo es la prueba fiel de la conmovedora fuerza que subyace en el vasto sector empresarial por alcanzar las metas legítimas del progreso y el engrandecimiento de la nación.
Sería conveniente, pues, que el espíritu de la presente exposición, digno de emular, tenga la contrapartida gubernamental en el mismo sentido. Puesto que el actual mandato evidencia un descomunal desgobierno en su etapa terminal, al renunciar a su responsabilidad por mantener esta perspectiva en tensión hacia el futuro, se torna perentorio que la administración política entrante apuntale el reencauzamiento de este cometido. La nueva conducción debe reinsertar el protagonismo del Estado en la formulación y el acompañamiento de medidas que permitan consolidar el devenir nacional. Esto es para contribuir con la generación de empleos y la disminución de la pobreza.
La tarea será ardua, pero no imposible, en la construcción de un modelo económico que sustancie indiscutiblemente la paz social, como meta suprema.
El Gobierno que se inaugura en breve tendrá -de hecho- una gran responsabilidad en esta materia. Articular las bases para el desarrollo con equidad es la misión impostergable. Y en su confección deben concurrir ambas partes: sector público y sector privado, para elaborar el modelo apropiado del progreso. No caben las pretensiones ideologizadas que pueden radicalizar las posturas al momento del debate. Sí caben las medidas pragmáticas, equitativas y justas, que conjuguen fehacientemente -y sin ambages- los intereses del bien común. La delicada coyuntura que atraviesa el país, sustentada sobre la fragilidad social por el incremento de la extrema pobreza, ya no permite dar treguas a discusiones estériles. Ni la mezquindad política ni la tentativa hegemónica del poder económico pueden ser recomendables en esta perspectiva, sino la sensatez y el sentido práctico, para hilvanar los contrapuntos antagónicos y conjugarlos bajo el denominador común del desarrollo económico con justicia social.