Cada vez hay más investigaciones e informes que exponen de manera rigurosa y estructurada lo que percibimos o ya sabemos por rumores, noticias en la prensa o procedimientos judiciales. El problema se agrava si consideramos que la situación está empeorando progresiva y rápidamente desde hace algunos años, dando la sensación de un deterioro imposible de revertir.
Es un hecho que el crimen organizado está tomando el poder en Paraguay aprovechando una histórica debilidad estatal que siempre fue útil a las élites políticas y económicas para apropiarse de los recursos públicos, pero ahora es aprovechada por el narcotráfico.
Esta debilidad se verifica de diversas formas. La existencia de “zonas liberadas”, la incapacidad por controlar las fronteras y el tráfico de bienes y personas, la corrupción pública en el otorgamiento de pasaportes, la impunidad judicial, la inseguridad ciudadana, la tolerancia a actividades económicas que configuran alto riesgo de lavado por el movimiento de capitales, incluidos los negocios inmobiliarios urbanos, la compra de tierras, la “narcoganadería” entre otros.
La imagen que damos a nivel internacional, además, nos afecta en términos macroeconómicos, ya que reduce los incentivos a la inversión extranjera competitiva e innovadora y limita las oportunidades para conseguir financiamiento a costos más bajos. Al contrario, terminamos atrayendo negocios ilegales y constituyéndonos en un centro logístico para todo tipo de actividad irregular. Informes del exterior nos ubican como uno de los países de la región en los que la criminalidad vinculada al narcotráfico obstaculiza el desarrollo.
Esta actividad ilegal no solamente produce y comercializa, e incorpora a la economía legal el dinero ilegal a través del lavado de capitales. Además, la penetración del narcotráfico se retroalimenta con los amplios niveles de pobreza y vulnerabilidad que el país no ha logrado superar a pesar de largos periodos de crecimiento económico.
Esto no exime de responsabilidad a la mal llamada “clase media” sumamente vulnerabilizada que en muchos casos logra una mínima, pero inestable, movilidad social también gracias al efecto derrame del narcotráfico.
Por otro lado, a la par de algunos sectores minoritarios que se benefician marginalmente, las pérdidas colectivas son mucho mayores, ya que los vínculos que se establecen entre los tres sectores involucrados –narcotraficantes, políticos, autoridades públicas– generan inseguridad jurídica y ciudadana, destruyen los mercados de bienes y servicios, subordinan a funcionarios públicos e impiden la prestación de buenos servicios públicos de calidad.
La efectiva vigencia de un Estado de derecho es un prerrequisito para el desarrollo y en particular para la formalización económica.
No hay ninguna posibilidad para los emprendimientos económicos, el desempeño social, artístico, cultural y para el activismo político, social, comunitario en el contexto de un Estado capturado por el narcotráfico. Estas actividades ilícitas traen consigo corrupción, conflictividad y violencia y desapego de los valores democráticos que deben regir una sociedad.
Los avances económicos y sociales que hemos tenido en las últimas décadas mostrarán retrocesos y nos estaremos encaminando hacia un Estado fallido si no hacemos algo. Necesitamos construir un país en el que la ciudadanía tome conciencia de lo que está pasando y presione a las autoridades. El narcotráfico destruye todo a su paso, por lo que debemos erradicar este flagelo antes de que Paraguay se convierta en un país inviable social, económica y políticamente.
