@miguelhache
En la mayoría de los países de América Latina el surgimiento de articulaciones movimentistas políticas en el sector indígena (como configuración más occidentalizada sin perder sus peculiaridades) se produce históricamente en los años 50, pero más definidamente en los 90. En Paraguay esta emergencia es tardía ya que recién a principios de 2000 se configuran algunas expresiones, más departamentales. Esta circunstancia es consecuencia directa de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), aunque en los 60 hubiera intentos ferozmente reprimidos que no obstante sembraron la semilla que se desarrollaría 4 décadas después en otro contexto.
Los movimientos indígenas son complejos y generalmente poco comprendidos por sus características ancestrales, espirituales y totalizadamente socio-político-culturales. Su (re)surgimiento en los tiempos de globalización, como expresión de reclamos y de reivindicaciones de aspectos integrales que hacen a su existencia y vigencia como entidades y grupos humanos, es posiblemente una suerte de transmutación de lo que históricamente existía como progresiones apocalípticas o grandes cruzadas político-religiosas que tuvieron acción en diversos lugares de América Latina durante el proceso de invasión europea y su consecuente destrucción colonizadoras.
Actualmente, estos movimientos son considerados parte de los nuevos movimientos sociales, que en definición de Allen Hunter son grupos de personas aglutinadas “en torno a objetivos que son radicalmente subversivos con respecto de los órdenes sociales actuales y demandan una transformación política socioestructural, institucional e inter/intrapersonal; cuyas metas expresadas a través del lenguaje de la democracia y del derecho, solo pueden lograrse mediante cambios extensos” (1995: pp. 20-36). En el mundo indígena estas expresiones tienen siempre el condimento político y religioso como sello de identidad, sin importar los contextos.
Solo tres movimientos y la presión internacional
En Paraguay existieron hasta hoy tres movimientos indígenas como expresión político-electoral. Cada uno en su contexto y tiempo para la búsqueda de espacios de poder dentro del Estado Nacional (ya sean centrales, municipales o departamentales), tratando de amalgamar sus intereses con y desde el modelo de estructuras y estratagemas políticas que definen a las llamadas democracias liberales de Occidente.
El Movimiento 19 de abril (M19) y el Movimiento 11 de Octubre aparecen en el año 2000, pese a que en el primero de los casos ya en 1998 se identifican las bases de su articulación. Ambos fueron electoralistas y actuaron exclusivamente en la Región Occidental (Chaco). En su matriz de generación existen experiencias previas de articulación interpueblos para defensa y reivindicación de derechos, tierra, territorio y salvaguarda de su identidad y cultura. El último en aparecer fue el Movimiento Político Indígena Plurinacional del Paraguay (MPIP), en 2016, denominación que cambió por razones de campaña y recomendaciones de la Justicia Electoral en Movimiento Indígena Plurinacional (MIP) para los comicios de 2018. Hasta ahora es el que tuvo carácter nacional –Regiones Oriental y Occidental– y en su accionar y articulación experimenta la injerencia de entidades del Estado y la presión de organismos supranacionales para acelerar su génesis e incorporación al sistema y proceso electorales. A diferencia de las anteriores incorpora discursivamente una proposición política diferencial que es la democracia intercultural, que pone en entredicho algunos rasgos del modelo liberal vigente.
En los tres casos las dificultades económicas y burocráticas fueron los principales obstáculos que impidieron un avance y desarrollo autónomo. El M19 y el M11O debieron ir bajo chapa de grupos políticos “de blancos” porque no lograron flanquear las trabas para inscribirse en el sistema electoral. El primero con la Izquierda Unida en 2003 y Partido de los Trabajadores en 2008; el segundo con Partido País Solidario en 2003.
El MPI fue el primer movimiento político indígena que tuvo personería autónoma electoral. Pese al denodado esfuerzo de los indígenas y no indígenas que trabajaron en ello, fue determinante la implicancia de diversas instancias del Estado para la inscripción electoral derivada de presiones de organismos internacionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) durante las generales de 2013, para que el Estado paraguayo tuviera en 2018 una expresión políticopartidaria indígena como parte de la pluralidad de expresiones dentro de la lógica de la formalidad democráticas.
Tanto M19, M11O y MIP son expresiones y experiencias que aparecieron en diversos momentos de la historia nacional y se vieron determinadas por coyunturas impregnadas y fisuradas por los vaivenes socioeconómicos y las disputas de los grupos hegemónicos en los poderes del Estado. La última expresión –MIP– evidencia que la presión internacional para su existencia e inserción en la disputa electoral de 2018 fue determinante. Si ésta no hubiera existido, el Estado no hubiera reparado en ello, porque si las políticas públicas existentes no priorizan las necesidades de los indígenas en lo más básicos, menos lo harán con sus derechos y expresiones políticas.
