Un tribunal arbitral sentenció al Estado por la demanda de Mota-Engil en la causa del fallido Metrobús, un proyecto que ya les costó millones de dólares al Estado paraguayo sin ningún resultado provechoso. El procurador Marco Aurelio González informó el viernes pasado que recibieron la notificación de la condena a pagar USD 16.546 millones a Mota-Engil, empresa que demandó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en 2018 por suspender las obras del proyecto del gobierno de Horacio Cartes, y cuyo contrato fue rescindido por la administración de Mario Abdo Benítez.
Sin embargo, USD 29 millones ya se desembolsaron por obras que en partes no reunieron las especificaciones técnicas y ahora se suman los casi USD 17 millones.
Por el fracaso están procesados el ex titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, Guillermo Alcaraz y Marta Benítez Morínigo. A propósito, un punto del fallo señala que la demandante “en particular, refiere a las declaraciones del coordinador del proyecto Metrobús y a un informe que dice que ‘se puede notar un claro atraso en el avance de las obras, y la falta de planificación íntegra por parte de la Convocante hacia el proyecto Metrobús’, y seguidamente menciona entre los problemas que atravesó el proyecto Metrobús, “los de orden social con los frentistas y la falta de pago de indemnización por franja de dominio”.
Además, en el fallo el tribunal arbitral indica que “la obtención del permiso de la Municipalidad de Asunción estaba en cabeza del MOPC y, al no obtenerlo, el MOPC incumplió el contrato”.
El Metrobús había sido presentado como una gran obra para modernizar y solucionar parte el caótico y colapsado transporte público en Asunción y el área metropolitana, pero resultó en una estafa para la ciudadanía, ya que a pesar de las millonarias primeras inversiones, la obra no logró avanzar y perjudicó a cientos de comercios y emprendimientos sobre la avenida Eusebio Ayala y la ruta Mariscal Estigarribia, ocasionando pérdidas económicas para el Estado y la población.
Una primera denuncia por lesión de confianza fue presentada en mayo de 2018 por el ingeniero Hermann Pankow, en representación de los frentistas afectados, contra el ex ministro Jiménez Gaona y la ex viceministra de Finanzas de dicha cartera, Marta Benítez. Posteriormente, fue ampliada en setiembre del mismo año, involucrando a más funcionarios.
Otra denuncia penal fue presentada por el senador liberal Salyn Buzarquis, también contra Jiménez Gaona y los responsables de los supuestos ilícitos de lesión de confianza y estafa, destacando que la frustrada obra dejó una deuda de USD 50 millones al Estado paraguayo, además de que la empresa contratista, Mota Engil, reclama otros USD 18 millones. La empresa solo concluyó 800 metros de los 16,4 kilómetros del proyecto, cobrando USD 21 millones.
Buzarquis había afirmado que los responsables del Metrobús incurrieron en un grave daño patrimonial al pueblo paraguayo, con un proyecto de USD 125 millones por el que Paraguay se endeudó.
Perjuicio. Además, el informe final de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el Metrobús arrojó irregularidades constatadas por el equipo de verificadores, entre las que destacan, como impacto negativo, la privación de beneficios económicos que debió darles la obra a los ciudadanos por unos USD 85 millones hasta octubre de 2019.
El MOPC había adjudicado la obra a la empresa portuguesa Mota-Engil en febrero de 2016 por G. 300.417 millones, pero el proyecto posteriormente terminó costando G. 403.900 millones, con un sobrecosto de 35% aproximadamente.
La Contraloría había señalado que en la obra se realizaron ajustes no contemplados inicialmente en el contrato, surgiendo un incremento de G. 108.802.005.390 en los convenios modificatorios y ampliación de plazos de ejecución.
El presidente Santiago Peña dijo ayer que la finalización del contrato del Metrobus fue por revanchismo político de Mario Abdo Benítez y que lastimosamente ahora se tendrá que pagar millones.
