El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) dispone este año de aproximadamente USD 480 millones para la compra de medicamentos e insumos para este ejercicio fiscal, y sostuvo que el reciente Decreto N° 5311, que reglamenta el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, apunta a ordenar la ejecución del gasto y transparentar el uso de los recursos públicos.
El viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera, explicó que la normativa no introduce restricciones nuevas, sino que refuerza lo ya establecido en la Ley N° 1535/2000, que exige que toda provisión de bienes y servicios cuente con certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP).
Según indicó, el objetivo es evitar la generación de compromisos sin respaldo financiero y establecer responsabilidades en caso de que se realicen pedidos sin contar con crédito presupuestario autorizado.
EJECUCIÓN Y HERRAMIENTAS DISPONIBLES. Desde el MEF señalaron que en enero ya se ejecutaron más de G. 200.000 millones a favor de la cartera sanitaria, un nivel que calificaron como significativo para el primer mes del año, considerando que el primer trimestre suele registrar menor recaudación tributaria.
El viceministro de la cartera económica agregó que, si el presupuesto aprobado no resulta suficiente, existen mecanismos previstos en la normativa, como ampliaciones presupuestarias, transferencias de crédito o la posibilidad de solicitar autorización para adelantar contratos plurianuales.
No obstante, aclaró que estos adelantamientos deben contar con validación previa del equipo económico, debido a que se detectaron situaciones en las que los contratos firmados para varios años se ejecutan en plazos más cortos, generando presiones sobre el presupuesto vigente.
RECLAMOS DE PROVEEDORES. Lovera recordó que los reclamos de atrasos comenzaron el año pasado, antes de implementarse el nuevo decreto. En ese sentido, desde el MEF reconocen que existen reclamos de proveedores por montos millonarios, que se estima se causaron por la ejecución de gastos no previstos dentro del plan de gasto.
Ante este escenario, el MEF evalúa la implementación de un mecanismo de cesión de derechos de cobro, mediante el cual los proveedores podrían transferir sus facturas a entidades financieras para obtener liquidez, mientras el Estado establece un cronograma de pago.
Según el viceministro, a diferencia del sector de Obras Públicas, donde existen contratos con tasas de interés elevadas, en el caso de Salud el componente financiero no es el principal factor de presión.
IMPACTO DE LOS AMPAROS JUDICIALES. Otro elemento que, según el MEF, incide en el crecimiento de la deuda es el aumento de amparos judiciales que ordenan la provisión de medicamentos fuera del vademécum oficial.
Según explicó, estas adquisiciones no forman parte del esquema regular de contrataciones públicas ni cuentan con previsión presupuestaria previa, ya que responden a órdenes judiciales que incluso pueden establecer marcas específicas.
De acuerdo con estimaciones oficiales, entre un cuarto y un tercio de la deuda reclamada por proveedores podría estar vinculada a este mecanismo, lo que representaría más de USD 100 millones.
