El manejo de los recursos de la Diócesis del Este siempre estuvo bajo la lupa. En el 2009, un grupo de laicos denunciaron irregularidades supuestamente cometidas por el obispo Rogelio Livieres. El documento en el que solicitaron la intervención del obispado y el seminario mayor fue remitido al papa Benedicto XVI.
Los laicos acusan a Livieres de malversar los fondos sociales que la Itaipú Binacional aportó a la Diócesis en la era de Víctor Bernal, entre el 2006 y el 2008. Según Javier Miranda, uno de los denunciantes, la suma transferida fue de G. 1.980 millones. Asimismo cuestionan la venta de una parte del seminario mayor para pagar gastos de casino en el Uruguay de USD 1 millón, además de señalar que el obispo estaba lucrando con los retiros espirituales y la protección del cura Carlos Urrutigoity, acusado de pederastia.
Los propulsores de la denuncia son Javier Miranda, Feliciano Marecos, Francisco Aguayo, Ángel Crispín Silva, Óscar Garcete, Arcadio Osorio y Miguel Candia, quienes fueron sancionados en diciembre del 2008 por Livieres, por “promover el desorden”. Esta guerra declarada se remonta al 2008 con la llegada de Urrutigoity al seminario mayor San José. Livieres lo defendió en todo momento, alegó que investigó y comprobó su inocencia en el caso de pedofilia. Este enfrentamiento derivó en la sanción de ocho fieles.
CONTROL. En la Diócesis aseguran que las donaciones fueron supervisadas por la misma Entidad Binacional y que antes de que hicieran entrega de una colaboración para el mes entrante, había que justificar cabalmente lo gastado el mes anterior y que los fines se cumplieron perfectamente, según el blog rogeliolivieres.blogspot.com. En el sitio detalla que la entrega mensual de dinero fue para desarrollar programas de asistencia social y moral a la población de Alto Paraná y Canindeyú.
Se trata de programas que fueron elaborados y monito- reados por el Departamento de Promoción y Desarrollo de la Diócesis. En el 2008, cuando asumió Fernando Lugo la Presidencia de la República, el director de Itaipú de entonces (Carlos Mateo Balmelli) reci- bió la orden de suspender de inmediato la ayuda establecida en el convenio a la Dióce- sis, según Livieres Plano. El supuesto mal manejo de las finanzas de la Diócesis llegó finalmente a los estrados judiciales.
Livieres denunció a Miranda por difamación, calumnia e injuria y derivó en un juicio oral y público que se inició el 11 de julio pasado que se encuentra en cuarto intermedio, debido a que Miranda recusó a la jueza Carmen Barrios. En el juicio, Livieres dijo que vendió el terreno para pagar deudas.
