El procesado debe estar presente en el anticipo probatorio, pero si no lo está, el acto no es nulo si es que no se prueba el perjuicio que le causa al imputado que no se cumplieran las normas. Esto, según un fallo en mayoría de la Corte Suprema.
Fue decisión dividida de los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, quienes anularon lo resuelto por el Tribunal de Apelación Penal y, por decisión directa, ratificaron la condena dictada en el juicio oral.
Veamos. C.I.M. fue procesado en Misiones en el 2020 por abuso sexual en niños. Durante el proceso, el 14 de agosto del 2020, se hizo un anticipo jurisdiccional de prueba con la declaración de la niña víctima en la Cámara Gesell, donde no citaron al imputado que estaba preso, sino que fue representado por el defensor público Fermín Bogado.
El caso llegó a juicio oral, donde el 8 de noviembre del 2022 fue condenado a 10 años y medio de prisión por el Tribunal de Sentencia. El veredicto se dio a conocer a las partes recién el 18 de noviembre de ese año, lo que fue reclamado por la defensa.
La resolución fue apelada ante la Cámara de Apelación de Misiones, que el 31 de octubre del 2023 ratificó la condena de 10 años y medio de encierro, dictada por los jueces.
La defensora pública Sandra Maidana planteó un recurso extraordinario de casación en contra de lo decidido por los camaristas. De esta manera, el caso llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema.
En la causa, por Acuerdo y Sentencia 829 D, del 12 de noviembre del 2026, los ministros del Máximo Tribunal resolvieron la cuestión.
LA RESOLUCIÓN
El ministro Manuel Ramírez Candia fue preopinante. Analizó los pedidos de la defensa.
Según la defensora pública, los jueces faltaron a su deber de imparcialidad y se mostraron complacientes con el fiscal. Además, la sentencia se dictó el 8 de noviembre del 2022, pero la resolución por escrito que debía leerse el 15 de noviembre se leyó el 18 de ese mes. Esto no fue estudiado por los camaristas.
También cuestionó la nulidad de la sentencia porque el anticipo jurisdiccional de prueba de la Cámara Gesell, donde no fue citado el procesado, sin que se estableciera el carácter de pandemia. Asimismo, que se aplicaron mal las reglas de la medición de la pena.
El ministro señaló que solo podían estudiarse lo referente a que no se analizó lo de la lectura de la sentencia fuera de plazo, y la nulidad de la prueba anticipada.
Sin embargo, la ministra Carolina Llanes señaló que solo era admisible lo referente a que no se estudió el pedido de anular la resolución porque se dio fuera de plazo.
Respecto a la Cámara Gesell, sostuvo que la defensa no demostró qué perjuicio le causó a su defendido que no se cumplieran con las formalidades. Si bien se reconoce e identifica el derecho del defendido de estar presente, y el error que se cometió, debió necesariamente causar un agravio.
Alega que “no es aceptable afirmar que procede la nulidad por la nulidad misma, necesariamente el error debe aquejar al procesado, y le corresponde demostrar con hechos concretos el menoscabo causado”. A este voto se adhirió Benítez Riera.
Ya al analizar el fallo, Ramírez Candia sostiene que los camaristas efectivamente no respondieron a los cuestionamientos de la defensa, y omitieron expedirse sobre ellos, por lo que la resolución era nula.
Después, por decisión directa, estudió los cuestionamientos al fallo. Dice que si bien se leyó fuera del plazo de cinco días, igual no se constata alguna irregularidad, ya que la defensa tuvo acceso oportuno y planteó su recurso de apelación especial.
Respecto a la Cámara Gesell sin la presencia del imputado, señala que el Código Procesal Penal prevé dos excepciones al deber de comunicar al imputado. Primero que no estuviera individualizado o en casos de extrema urgencia. Refirió que ninguno de ellos se dio, ya que no existía urgencia, ni había peligro de muerte del testigo u otra situación.
Además, apunta que la condena se basó en la declaración de la víctima en la Cámara Gesell, por lo que entiende que la prueba era nula, con lo que se debía anular la sentencia y ordenar un nuevo juicio oral.
Por su parte, Llanes vota por anular el fallo del Tribunal de Apelación porque no omitió estudiar el pedido de la defensa. Después, por decisión directa, analiza la resolución del juicio oral, donde comparte los fundamentos del ministro Ramírez Candia.
Con ello, vota por anular lo decidido por los camaristas y confirmar la resolución dictada en el juicio oral. A esta opinión se adhirió el ministro Luis María Benítez Riera.
La resolución da las pautas sobre el anticipo jurisdiccional de prueba, que debe hacerse siempre con el imputado, salvo las dos excepciones.
- No es aceptable afirmar que procede la nulidad por la nulidad misma, necesariamente el error debe aquejar al procesado y debe demostrarlo.