Jairo Mejía | EFE
Los hechos irrefutables se han convertido en una certeza esquiva estos días en Washington, con la Casa Blanca contradiciéndose y filtraciones sin confirmar, y los legisladores, que pueden deponer a un presidente, quieren asegurarse de que si se llega a activar ese proceso, la traumática medida esté apoyada en pruebas claras que obliguen a un consenso bipartidista.
“El país debe darse cuenta de que la gravedad de la conducta (del presidente) sea tal que el presidente no pueda seguir en el cargo. No puede percibirse (el ‘impeachment’) como un esfuerzo para anular las elecciones por otros medios”, apuntaba este miércoles el congresista demócrata Adam Schiff en una entrevista radiofónica.
Tanto legisladores demócratas como republicanos han llamado a la cautela y han repetido el mantra de “veamos a dónde nos llevan los hechos” al hablar del arriesgado proceso de destitución, iniciado en dos ocasiones en la historia del país y nunca culminado con éxito.
Los acontecimientos se precipitaron con el fulminante despido la semana pasada del director del FBI, James Comey, que lideraba la investigación sobre los intentos rusos de perjudicar a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones, algo que Trump quiere que se deje de lado.
El nuevo desencadenante de las peticiones de destitución de varios legisladores demócratas han sido las noticias de que las notas del exdirector del FBI indican que Trump le pidió olvidarse de la investigación al exasesor presidencial Michael Flynn, uno de los más expuestos por sus relaciones con representantes del Kremlin.
Esa es hasta ahora la evidencia más sólida de la acusación de “obstrucción a la Justicia”, un cargo que estuvo detrás del intento de juicio político contra Bill Clinton (1993-2001) y de la dimisión de Richard Nixon (1969-1974), que abandonó la Casa Blanca ante la certeza de enfrentarse a un proceso de este tipo.
El primer presidente que se enfrentó a un voto de “impeachment”, Andrew Johnson, casi fue destituido por, entre otras cosas, haber despedido al secretario de Guerra, otro paralelismo que se puede establecer con el comportamiento de Trump en sus intentos de llevar su poder Ejecutivo al límite.
Las bases para abordar un posible juicio político se han consolidado con el nombramiento este miércoles del reputado exdirector del FBI Robert Mueller como fiscal especial independiente para la investigación sobre la injerencia rusa, un actor clave en un posible proceso de destitución contra el presidente.
Mueller tendrá el poder de imputar, emitir órdenes para obtener pruebas o interrogar testigos, una labor que fue crucial durante el escándalo del “Watergate” que puso fin a la presidencia de Nixon.
No obstante, el inicio del juicio político depende de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, y solo puede culminar con la salida forzada del jefe de Gobierno con el voto de dos tercios del Senado, otra cámara con mayoría conservadora y donde el umbral de los dos tercios es una gesta casi imposible.
Por ahora, solo un congresista republicano, Justin Amash, de Michigan, se ha mostrado abierto a la posibilidad de apoyar un proceso de destitución de Trump si se demuestra que presionó a Comey para poner fin a la investigación sobre Flynn.
La Cámara de Representantes puede iniciar el proceso con una mayoría simple, lo que significaría que más de 20 republicanos deberían salirse de la disciplina de la formación, algo improbable a menos que en 2018, cuando se celebran comicios legislativos, los demócratas retomaran el control del Congreso.
Pero todo dependería de que se demuestre voluntad presidencial de obstruir a la Justicia o alguna otra acusación grave como la posible colusión con el Gobierno ruso, algo de lo que por el momento no hay pruebas contra el presidente.
La Cámara baja tendría que acordar los cargos contra el presidente y si el Senado, presidido por el magistrado jefe del Supremo, decidiera su culpabilidad en tan solo uno de ellos, Trump sería destituido y se entregaría el poder al vicepresidente, Mike Pence.
