03 oct. 2023

El hijo de OGD de nuevo traba caso con la recusación a otra camarista

El concejal Óscar González Chaves recusó de nuevo a otra camarista, por lo que hace un año y tres meses que no puede resolverse la casación. Había recibido 8 años de prisión en juicio oral.

Juicio oral para OGD Oscar Gonzalez Daher y su hijo_7145df65-b2cc-4577-aba0-a57baa1d850c_28299206.jpg

Recusación. Óscar Rubén González Chaves (centro), junto a su padre Óscar González Daher y su entonces abogado.

El concejal municipal de Luque Óscar Rubén González Chaves, hijo del fallecido ex senador Óscar González Daher, de nuevo trabó su causa, tras recusar a la camarista Andrea Vera. Es en la casación que planteó en contra de su condena de 8 años de cárcel por varios hechos punibles.

Pese a que la casación se presentó en febrero del 2022, hace un año y tres meses, hasta el momento la Sala Penal no puede estudiar la casación por la maraña de recusaciones y recursos promovidos en forma personal por el condenado edil municipal.

La semana pasada, la Sala Penal de la Corte había rechazado las recusaciones contra los camaristas Arnaldo Fleitas y Cristóbal Sánchez, que integran la Sala Penal de la Corte para estudiar el recurso extraordinario presentado por González Chaves.

Sin embargo, no pasaron ni dos días de esta situación para que la tercera integrante de la Sala Penal, la camarista Andrea Vera, fuera recusada nuevamente, con lo que hasta tanto no se resuelva este pedido no se podrá estudiar el recurso que se planteó.

La recusación contra Fleitas y Sánchez había sido rechazada por los camaristas José Agustín Fernández, Gustavo Auadre y Hugo Garcete, con lo que había vía libre para resolver el caso, pero esto se truncó de nuevo.

En el caso, en juicio oral, el 12 de agosto de 2021 los jueces Yolanda Portillo, Jesús Riera y Yolanda Morel condenaron a Óscar Rubén González Chaves a 8 años de cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.

Además, el Tribunal de Sentencia dispuso el comiso de más de G. 29.000 millones y la prohibición de ejercer cargos públicos por un periodo de siete años en contra del edil luqueño.

La condena había sido dictada junto a su padre, el ex senador fallecido Óscar González Daher, ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), quien recibió 7 años de pena, pero murió en octubre del 2021.

La condena fue confirmada el 2 de febrero del 2022 por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, integrado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Bibiana Benítez Farías y Gustavo Santander Dans.

Con respecto a OGD, los camaristas extinguieron la causa, pero igual ratificaron el multimillonario comiso en su contra.

Pese a toda esta situación, González Chaves en las elecciones municipales de nuevo ganó una banca en la Junta Municipal de Luque, donde continúa siendo concejal.

El fallo de Apelación fue recurrido ante la Sala Penal ya en febrero del 2022, pero hasta ahora, hace un año y 3 meses, la Corte Suprema de Justicia no puede conformarse para estudiar el recurso.

El mismo ya cumplió con la pena mínima, por lo que se encuentra con libertad ambulatoria, y ejerce libremente la concejalía municipal, ya que la condena no está aún firme. Tampoco se pueden ejecutar los embargos multimillonarios dictados en el juicio oral.

Comiso especial para ambos

La resolución del Tribunal de Apelación había ratificado el comiso especial de los bienes de Óscar Rubén González Chaves, por valor de G. 29.237.656.115, que según se probó en el juicio oral obtuvo de forma ilícita en la función pública. Además, la prohibición para ejercer cargos públicos durante 7 años. En el caso de OGD, se declaró la extinción de la acción penal, pero confirmaron el comiso especial de los bienes adquiridos con supuesto dinero ilícito por G. 5.903.362.496.

Más contenido de esta sección
Aunque el fiscal general del Estado ha declarado que “no detecta” hecho punible en el caso de la denominada ocupación vip y hace responsable a la Justicia para intervenir en el escandaloso tema, debemos reclamar que los hechos constituyen una directa confrontación al mismo estado de derecho, modelo por el que optamos como República en la misma Constitución Nacional. Todos los paraguayos como integrantes de la sociedad estamos sujetos a las leyes y por tanto a su cumplimiento. Privilegios e impunidad están fuera de la ley.
En los próximos años se vienen importantes vencimientos de la deuda que se agregan al pago de los servicios de las mismas. Dado que no existen planes gubernamentales de recaudar más para pagar los compromisos contraídos, no les quedará otra opción a las autoridades económicas que refinanciar, es decir, contratar más deuda. Además de considerar la vulnerabilidad que ya presentan nuestras finanzas públicas, es necesario tener en cuenta el contexto internacional así como las decisiones de política monetaria que se tomen en ese país.
El Parlamento tiene una responsabilidad fundamental en el Presupuesto público, principal instrumento de política fiscal. No puede ni debe diseñar políticas por la vía presupuestaria ni aumentar los gastos sin considerar los ingresos para solventarlos. Cualquiera de estas acciones distorsiona el Presupuesto, haciéndolo deficitario e ineficaz. Debe ejercer sus competencias de manera responsable y racional, superando su tradicional rol prebendario, influido por el tráfico de influencias e impregnado de conflictos de intereses para tomar decisiones.
La actual situación del imputado senador colorado Erico Galeano es una vergonzosa exhibición de la impunidad que ya es casi nuestra marca país. Imputado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza, el político cartista, tras varias exitosas chicanas judiciales, logró que un juez lo beneficie con la prisión domiciliaria, y que incluso pueda acudir a las sesiones del Congreso. Estos son los privilegios que ostenta nuestra clase política, pues incluso por menos un ciudadano común ya estaría en el penal de Tacumbú.
Zenaida Delgado, flamante cartista, defiende la posición de suprimir la palabra género en una ley que declara emergencia social ante la violencia contra las mujeres.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. El Estado debe preocuparse del bienestar de la población, considerando la relación que existe entre la mente y la conducta social. La crisis económica, falta de empleo, la inseguridad pero también la falta de oportunidades para acceder a productos culturales y la falta de espacios públicos de recreación inciden en el humor social y afectan la salud sicosocial.