El Ejecutivo asegura que esta ley es necesaria para combatir el terrorismo, al tiempo que ratificaría la convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado, que Japón firmó en el año 2000.
“Teniendo en cuenta la situación actual en relación al terrorismo, y de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de dentro de tres años, es necesaria una preparación completa para prevenir crímenes organizados, incluyendo el terrorismo”, afirmó el portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga, en una rueda de prensa.
Algunos grupos, entre los que se incluye la Federación de abogados de Japón (JFBA), se oponen a esta ley, ya que consideran que permitirá al Gobierno intensificar los controles a costa de las libertades individuales.
Suga afirmó que la legislación se aplicaría únicamente a los grupos que preparan atentados terroristas u otros crímenes organizados, y que no se dirige a las “actividades legítimas” de otros grupos civiles o sindicatos.
Sin embargo, los más críticos argumentan que el ámbito de la ley es demasiado amplio y no se limita a grupos terroristas, a pesar de lo que afirma el Gobierno.
El proyecto de ley aún tendrá que pasar por el Parlamento, donde la coalición gobernante cuenta con una amplia mayoría.
Esta es la tercera vez que el Gobierno propone una ley de estas características, después de no conseguir que el Parlamento las aprobara en 2003 y 2005, aunque entonces el ámbito era más amplio y se refería más generalmente a “grupos”.
